Actualizado 20/10/2021 08:30 CET

La Junta reactiva la construcción de viviendas de alquiler a precio reducido con 4.000 inmuebles hasta 2022

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha impulsado la construcción de más de 4.000 viviendas protegidas en Andalucía desde el comienzo de la legislatura.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del balance de las políticas de vivienda del Plan Vive en Andalucía, que apuesta por facilitar el acceso a la vivienda mediante la concesión de ayudas para nuevas promociones a precio asequible, a través de programas como el de Fomento del parque de vivienda en alquiler, o con una menor rigidez normativa para la promoción de VPO, según ha informado el Gobierno andaluz por medio de una nota.

El Gobierno andaluz ha contribuido así a la construcción de 3.000 nuevas viviendas en alquiler a precio asequible en Andalucía repartidas en 87 promociones solo con el programa de Fomento del parque de viviendas en alquiler, que se puso en marcha en 2019 y que ya acumula tres convocatorias.

El resultado de estas obras son viviendas con unos precios que oscilan entre 200 y 400 euros al mes, según las dimensiones del inmueble.

En lo que va de legislatura se han destinado ya 80 millones de euros en subvenciones a promotores públicos y privados en Andalucía.

El Gobierno andaluz ha subrayado que revierte la tendencia de los mandatos anteriores, donde apenas se construyeron viviendas.

Este programa, además, cumple una triple función: ayuda a ampliar el mercado de la vivienda en alquiler a precio asequible, reactiva la economía y genera empleo.

Se prevé que las tres convocatorias generarán 9.000 empleos en el sector de la construcción, con una inversión global de 270 millones de euros.

El desarrollo de este programa ya se está visualizando con el inicio de una veintena de promociones e incluso algunas que ya han finalizado y en la que ya se están alojando los primeros inquilinos, como las 60 viviendas de un promotor privado en Marismas del Odiel en Huelva o las viviendas públicas de calle Botica en Cádiz capital.

Solo en la última convocatoria, con 30 millones de euros en ayudas, se ha aprobado provisionalmente la construcción de más de 1.200 viviendas en las ocho provincias andaluzas. La inversión global (pública y privada) supera los cien millones de euros.

A estas convocatorias pueden presentar solicitudes promotores públicos y privados, así como fundaciones y ONG.

Por provincias, se han concedido subvenciones para la construcción de 172 viviendas en Almería, 395 en Cádiz, 151 en Córdoba, 583 en Granada, 220 en Huelva, seis en Jaén -que ha presentado por primera vez solicitudes en esta tercera convocatoria-, 638 en Málaga y 831 en Sevilla.

Con estos datos, Andalucía es la comunidad española que más acuerdos ha firmado con el Ministerio para poner en marcha promociones del programa de fomento del alquiler.

En 2019 y 2020 se promovieron más de 1.700 viviendas, frente a las 683 de Cataluña y las 167 de Madrid, las comunidades que suceden a Andalucía en el ranking.

PROGRAMA DE PERMUTA DE SUELOS

Además del programa de Fomento del parque de viviendas en Alquiler, se ha puesto en marcha una iniciativa pionera de permuta de suelos, que promueve la construcción de 420 viviendas a precio asequible a través de la colaboración pública-privada.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ofrece suelos de titularidad pública a cambio de la entrega de viviendas ya construidas que incrementen el parque público de la Junta de Andalucía.

Este programa, que ya se ha aplicado con éxito en la zona de Pescadería en la ciudad de Huelva y en el barrio de Huerta Santa Isabel de Córdoba, se extenderá a las ocho provincias andaluzas con una inversión estimada de 41 millones de euros.

También se ha resuelto una convocatoria de ayudas para la autoconstrucción, con la que se quiere favorecer el acceso a la vivienda en zonas rurales. En total, se han entregado 2,2 millones en subvenciones para 108 inmuebles en diez municipios.

De igual manera, el Plan Vive en Andalucía incluye un programa para la concesión de ayudas para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida, en el que se han admitido 15 solicitudes para las urbanizaciones de terrenos para la construcción de alrededor de 450 inmuebles.

MENOS RIGIDECES A LA VPO

Además de las ayudas, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha desarrollado un marco normativo que elimine rigideces administrativas y se equipare las características de las VPO a las viviendas libres.

Mediante la Orden de 12 de febrero de 2020 cambió el concepto de vivienda protegida con la equiparación de sus condiciones para hacerlas más atractivas, tanto para los promotores como para las entidades financieras encargadas de financiar estas actuaciones, como así lo reclamaban.

La orden establece que aquellos municipios que dispongan de un PGOU, de normativa urbanística y ordenanzas municipales que establezcan condiciones funcionales y de diseño para viviendas libres, no tengan que aplicar requisitos diferentes para las protegidas y así dilatar y alargar los procedimientos.

A esta medida se han sumado otras para agilizar los procedimientos de calificación de vivienda protegida recogidas en el nuevo plan de vivienda, el Plan Vive en Andalucía.

REBAJAS FISCALES

En esa labor de facilitar el acceso a la vivienda también se encuentra la recientemente aprobada Ley de Tributos Cedidos, que permite al Gobierno andaluz acometer nuevas rebajas fiscales en materia de alquiler de vivienda.

De esta manera, los jóvenes de menos de 35 años, los mayores de 65 años o las personas víctimas de violencia doméstica y terrorismo podrán aplicarse una deducción del 15 por ciento con un máximo de 600 euros, en lugar de 500 euros, por su alquiler.

A los contribuyentes que tengan la consideración de personas con discapacidad se incrementará el límite de la deducción hasta 900 euros.