La Ley andaluza de Agentes de Medio Ambiente supera el debate de totalidad en el Parlamento sin votos en contra

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía ha superado este miércoles, 24 de septiembre, su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento sin que al mismo se hayan presentado enmiendas de totalidad.

   Ahora, este proyecto de ley continuará su tramitación --que se realiza por el procedimiento de urgencia-- en la comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, según ha anunciado el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, al término del debate.

   Fue el pasado 30 de julio cuando el Consejo de Gobierno andaluz aprobó este proyecto de ley a propuesta de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que contempla la creación de cuatro cuerpos específicos de Agentes de Medio Ambiente --Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo--, que actuarán como "policía medioambiental al servicio de la ciudadanía", y que "tendrán definidos con claridad su estatuto jurídico, funciones y sistema de acceso, con el fin de consolidar un colectivo profesional altamente cualificado, eficaz y reconocido".

   Así lo ha explicado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, que ha sido la encargada de defender en el Pleno dicho proyecto de ley, que se enmarca en el ejercicio de las competencias autonómicas en función pública y medio ambiente, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la legislación básica estatal.

   En especial, se adapta a la reciente Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales, que exige a las comunidades autónomas la adecuación de su normativa en el plazo de un año.

   La consejera ha defendido que "esta ley es una deuda histórica con los agentes de Medio Ambiente, un colectivo que ha trabajado durante décadas bajo un marco normativo disperso y que ahora contará con un marco sólido, estable, moderno y justo", según ha valorado.

    Además, ha recalcado que el proyecto de ley ha nacido "del diálogo, de la escucha activa y del consenso con la sociedad". "Hemos contado con la participación de 53 entidades, instituciones y colectivos profesionales y sociales, que han enriquecido el texto con sus aportaciones", ha dicho, agradeciendo especialmente la implicación de asociaciones profesionales, colegios profesionales, sindicatos, entidades locales y consejerías de la Junta.

   De igual modo, la consejera ha valorado que los grupos parlamentarios no hayan presentado enmiendas a la totalidad, lo que ha calificado de "muy buena noticia, porque refleja el interés común por sacar adelante una ley que fortalezca la protección ambiental en Andalucía".

    La consejera ha agradecido igualmente el impulso inicial del anterior titular de la Consejería, Ramón Fernández-Pacheco, y el trabajo del actual equipo, subrayando que "hemos llegado a esta Cámara con un texto con amplio consenso técnico y respaldo jurídico, como no podía ser de otra manera".

 TAREAS DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE

   La ley dotará a los cuerpos de Agentes de Medio Ambiente de la condición de agentes de la autoridad, policía administrativa especial y, en determinadas circunstancias, policía judicial en sentido genérico. De este modo, según defienden desde el Gobierno andaluz, "fortalece su papel en tareas de vigilancia, custodia, inspección e investigación de delitos ambientales, garantizando su protección jurídica incluso fuera de servicio cuando actúan por motivos profesionales".

   El colectivo andaluz de Agentes de Medio Ambiente tiene sus raíces en los antiguos guardas forestales del Estado, integrados en su día en el Icona y en el Iryda, que fueron transferidos posteriormente a las comunidades autónomas en los años ochenta del siglo XX.

   Desde entonces, según ha explicado la consejera, ha evolucionado hasta configurar un cuerpo "muy especializado en múltiples materias ambientales". En 1994 se produjo su unificación bajo la denominación actual, y en 2001 se creó una especialidad específica dentro del cuerpo de Ayudantes Técnicos, que es la que ahora se extingue con esta nueva norma, dando paso a cuerpos "diferenciados y jerarquizados".

   En este sentido, la norma "responde a la necesidad de estructurar adecuadamente las funciones y competencias de este personal, adaptándolas al actual contexto de protección ambiental", según sostienen desde el Gobierno andaluz, que subraya que el texto legal "detalla de forma clara y didáctica las funciones que desempeñarán los nuevos cuerpos".

   Entre ellas, destacan la vigilancia, custodia e inspección del medio natural; el asesoramiento técnico; la colaboración en emergencias y la prevención e investigación de incendios forestales; así como la gestión y seguimiento de actuaciones en espacios protegidos, aguas, residuos, flora y fauna silvestres, caza y pesca continental o especies exóticas invasoras.

   Además, se contempla la posibilidad de colaborar con otras administraciones en ámbitos afines como el urbanismo rural, el paisaje, el patrimonio cultural o el medio litoral. Esta versatilidad y amplitud funcional "refuerzan su papel como agentes clave en la aplicación de las políticas ambientales de la Junta de Andalucía".

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CARRERA PROFESIONAL

   El proyecto de ley crea cuatro cuerpos diferenciados. El Cuerpo Superior (Grupo A1), encargado de funciones de planificación, dirección, coordinación y supervisión; el Ejecutivo (Grupo A2), con funciones inspectoras y de apoyo técnico; el Técnico (Grupo B), centrado en tareas técnicas de vigilancia y asistencia a la inspección; y el Operativo (Grupo C1), que garantiza la prestación directa del servicio sobre el terreno y que asume las funciones básicas de ejecución.

   Desde el Gobierno andaluz defienden que esta estructura permitirá "establecer una jerarquía funcional que mejore la eficacia del servicio, optimice la planificación de las actuaciones y facilite la carrera profesional del personal".

   A su vez, se prevé la creación de áreas de especialización, como calidad ambiental, medio natural y biodiversidad, aguas, costas o incendios forestales; así como itinerarios formativos específicos para cada una de ellas.

   La ley establece un sistema selectivo propio, "acorde con la naturaleza de los puestos", e incluye pruebas físicas y psicotécnicas. Asimismo, fija requisitos académicos adaptados al nivel de cada cuerpo, y exige el compromiso de conducir vehículos de servicio. En paralelo, se prevé la puesta en marcha de un plan formativo permanente, con centros específicos de formación continua.

   El texto también regula la dotación de medios materiales, técnicos y de defensa, la uniformidad, la imagen institucional y la señalización de los vehículos oficiales, "en línea con los estándares estatales y autonómicos de seguridad y salud en el trabajo". Además, "garantiza la asistencia jurídica al personal en el ejercicio de sus funciones".

   Por otro lado, con el objetivo de "proteger y dignificar el desempeño profesional", la ley "refuerza las garantías laborales, la protección frente a agresiones y el régimen jurídico del colectivo".

   También incorpora medidas para facilitar la segunda actividad del personal que, por razones de salud, no pueda seguir desempeñando tareas operativas sobre el terreno. Se contempla, además, el régimen disciplinario conforme a la normativa autonómica de función pública, así como disposiciones transitorias que facilitan la integración y promoción interna del personal actualmente en servicio.

   La norma deroga la regulación previa relativa a la especialidad de Agentes de Medio Ambiente en el cuerpo de Ayudantes Técnicos y modifica la Ley de Función Pública de Andalucía para integrar plenamente los nuevos cuerpos. Asimismo, se compromete a desarrollar reglamentariamente todos los aspectos necesarios en un plazo de 36 meses.