La Ley de Espacios Productivos sigue su tramitación parlamentaria, cuyo rechazo pedía PSOE-A en el debate de totalidad

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a que continúe la tramitación del proyecto de ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria, que tenía una enmienda a la totalidad del Grupo Socialista con la que buscaba la devolución al Consejo de Gobierno y que ha recibido el rechazo conjunto de los grupos Popular y Vox en Andalucía. De esta forma el texto proseguirá su debate en la Comisión de Industria, Energía y Minas antes de volver al Pleno para su aprobación definitiva.

La defensa del proyecto la ha ejercido ante el Pleno el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, quien ha apuntado sobre el texto que aprobó el 2 de septiembre el Consejo de Gobierno que es "una ley pionera que no quiere limitarse a mejorar sin más los polígonos industriales".

Ha defendido su pretensión de "contribuir a mejorar los polígonos industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios", y "facilitar la implantación de industria para crear actividad y empleo".

Paradela ha argumentado que la idea es "acabar con la visión extendida de que los polígonos, en una gran mayoría, no se adecuan a las necesidades actuales del sector industrial y que adolecen de instrumentos regulatorios, de planificación o de gestión para abordar su modernización y mantenimiento".

"Se trata de una ley apolítica", ha remachado el consejero sobre el espíritu del texto.

En su enmienda, que ha defendido el parlamentario Enrique Gaviño, el Grupo Socialista ha sostenido que este texto legal "fracasa en sus objetivos", además de que "debilita el tejido industrial y desprotege a trabajadores, pymes y municipios", además de plantear que se trata de "una ley sin ambición", así como ha sostenido que se trata de un texto "sin la más mínima calidad legislativa".

Para el PSOE-A, el proyecto de ley "carece de la visión transformadora que Andalucía necesita en materia industrial" y "se limita a regular aspectos burocráticos vinculados a polígonos industriales, obviando los grandes retos de la industria andaluza", como son "inversión en I+D+i, digitalización e industria 4.0, reducción de la precariedad laboral, transición energética justa y corrección de la desigualdad territorial".

"La norma propuesta se queda en un marco parcial y limitado, sin capacidad de impulsar un auténtico modelo industrial moderno y competitivo", sostiene los socialistas en su enmienda, en la que también critica que "la memoria económica resulta imprecisa, remitiendo la mayor parte de los programas e incentivos a futuros desarrollos reglamentarios, sin dotación presupuestaria concreta ni estimaciones plurianuales".

"En definitiva, se trata de una ley declarativa que no garantiza la ejecución de las medidas", prosigue en sus críticas el Grupo Socialista, que añade que "así lo reflejan incluso los informes internos del expediente, que destacan la ausencia de valoración real de las cargas administrativas y la necesidad de fijar bases reguladoras futuras para concretar los incentivos, lo que supone la no garantía de ejecución ni seguridad para empresas, trabajadores o municipios".

Tras avisar además de que esta ley "corre el riesgo de quedar reducida a un catálogo de buenas intenciones, incapaz de desplegarse de forma homogénea en todo el territorio andaluz", el Grupo Socialista sostiene además en su enmienda que su articulado "no garantiza una participación efectiva y equilibrada de las organizaciones sindicales en la planificación, gestión y evaluación de los espacios productivos".

"Los sindicatos quedan reducidos a un papel secundario como 'colaboradores sociales', mientras que la CEA --Confederación de Empresarios de Andalucía-- asume un protagonismo central en el diseño e implementación de las medidas", advierte la enmienda socialista, que considera que "este desequilibrio desnaturaliza el propio espíritu" del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito por la Junta, los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la patronal andaluza en marzo de 2023, y "rompe con el principio de concertación equilibrada que ha caracterizado tradicionalmente las políticas de desarrollo industrial en Andalucía".

En representación del Grupo Popular ha intervenido en el debate la diputada Julia Ibáñez; por Vox en Andalucía lo ha hecho Rafael Segovia y Por Andalucía, la parlamentaria Esperanza Gómez Corona.

CREACIÓN DEL ESPACIO INDUSTRIAL PROTEGIDO

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la región cuenta con 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios andaluces que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores. Su representatividad es de un de 40% del total de polígonos a nivel nacional.

Una de sus medidas más destacadas es la creación del 'Espacio Industrial Protegido', figura que busca "preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales".

Esa calificación conllevará ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.

El texto incluye nuevas figuras para reforzar la atracción de inversiones como los 'Proyectos Tractores de la Industria' --aquellos que generan "un relevante efecto arrastre para la economía local"--, e instrumentos para promover la planificación y el impulso de la mejora de los espacios como los planes directores; las oficinas locales de Espacios Productivos o el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía; los planes específicos de actuación o el régimen de incentivos.

Recoge la elaboración de un inventario de la capacidad de potencia eléctrica en estos espacios, una tramitación simplificada para instalaciones energéticas, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, planes de fomento de la electrificación de la demanda industrial y autoconsumo, el desarrollo de redes cerradas, o ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas, entre otras actuaciones.

Otra medida que introduce el texto es una clasificación de los espacios productivos en tres niveles en función de las infraestructuras y servicios con los que cuenten: básico, avanzado y avanzado-excelente.

Se añaden las etiquetas de polígono 'fabril' en función de su especialización industrial, y de 'inteligente', 'sostenible' o 'Eco-green', según su grado de adecuación a la transición ecológica y digital.

Además de la ley la Consejería de Industria apunta que afrontará el último trimestre del año con el lanzamiento de una línea de ayudas de 50 millones para la mejora de los polígonos.