El Parlamento andaluz aprueba sin rechazos dos decretos sobre residencias y autónomos a horas del debate del Presupuesto

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, sin votos en contra, dos decretos leyes aprobados el pasado 3 de noviembre por el Consejo de Gobierno sobre medidas de apoyo económico a centros residenciales de mayores y a trabajadores autónomos y empresas, que se han abordado unas horas antes del debate de totalidad del proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma de 2022, que no cuenta con los apoyos necesarios entre la oposición para salir adelante.

En concreto, el Parlamento ha convalidado, por un lado, el Decreto ley 23/2021, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo económico a los centros de atención residencial, centros de día y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, que ha defendido ante el Pleno la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y que ha sido respaldado por unanimidad, con los votos a favor de los cinco grupos parlamentarios.

Con este decreto se impulsa una nueva medida extraordinaria y urgente destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad y centros de día de terapia ocupacional para personas con discapacidad en situación de dependencia, con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante 2021.

La consejera Rocío Ruiz ha detallado que se ha previsto un presupuesto de 22,7 millones de euros para dotar a estos centros de una cuantía adicional con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a las personas dependientes y sus familias, así como el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados.

De esa cantidad, 18,8 millones corresponden al sistema de atención residencial y 3,8 millones al servicio de centros de día, según ha detallado la consejera, quien ha precisado que el importe total de estas medidas económicas puestas en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el momento actual se cifra en más de 100 millones de euros movilizados desde el inicio de la pandemia.

La titular de Igualdad ha señalado que el Gobierno andaluz ha valorado que, dado que la crisis se mantiene, es necesario llevar a cabo de manera urgente otra medida económica extraordinaria para amortiguar los efectos económicos ocasionados con motivo de hacer frente al mantenimiento de las recomendaciones sanitarias y las medidas de protección para frenar y reducir el contagio, así como la continuidad de los puestos de trabajo.

Esta medida, según ha destacado Rocío Ruiz, no solo permite garantizar la asistencia y la calidad del servicio para las personas beneficiarias, sino que contribuye al sostenimiento del sistema público de servicios sociales de Andalucía.

Mediante este nuevo pago de 22,7 millones de euros dispuesto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, los centros recibirán una cuantía única adicional para reducir los efectos económicos ocasionados por la adquisición de material de limpieza y desinfección; los gastos derivados de la compra de equipamiento de protección individual (EPI); de la adecuación de los espacios, y de la puesta a disposición del personal los medios digitales oportunos para facilitar su trabajo y la atención a los usuarios.

Así, este abono adicional es una medida para paliar los efectos económicos ocasionados por la compra de EPI, gastos de contratación de personal y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas en los centros durante el referido periodo.

DECRETO DE EMPLEO

Por otro lado, la Cámara autonómica ha convalidado también este miércoles, con los votos a favor de los cinco grupos y la abstención de los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, el Decreto-ley 24/2021, de 3 de noviembre, por el que se modifican el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, y el Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio.

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha sido la encargada de defender ante el Pleno este decreto del Consejo de Gobierno para modificar los decretos autonómicos que regulan las ayudas a la solvencia para empresas y autónomos, con el objetivo de ampliar su cobertura con nuevos conceptos subvencionables, así como el plazo para acogerse a estas ayudas, fijando el pasado 15 de noviembre como nueva fecha tope.

La consejera ha concretado que una de las modificaciones incorpora los costes salariales y las cotizaciones sociales --incluidas las cuotas de autónomos-- dentro de los costes fijos incurridos, con objeto de llegar al máximo número posible potencial de beneficiarios.

La segunda modificación introduce la posibilidad de que aquellas pymes que hayan sufrido pérdidas en 2019 puedan acceder a la subvención, siempre y cuando en el momento de la solicitud no se encuentren en cualquiera de las circunstancias objetivas previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley Concursal, ni haya iniciado las actuaciones previstas en los Títulos II y III de la citada ley.

Estas modificaciones, según ha recordado la consejera de Empleo, se suman a las aprobadas en el mes de septiembre, ante las "graves dificultades" que muchos solicitantes tenían para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa estatal inicial, en la que se asignaban 1.109 millones de euros a Andalucía.

MODIFICACIONES ANTERIORES

Entre los cambios aprobados en septiembre, se incluyó la posibilidad de acogerse a la subvención a los 'costes fijos incurridos', término que incluyó los costes fijos soportados por los beneficiarios, como el pago de la factura de la luz, teléfono, agua, 'renting', alquiler y tasas municipales. Ahora se introduce la posibilidad mencionada de incluir los costes laborales entendidos como salarios y cuotas a la Seguridad Social.

La cuantía de la subvención se mantiene en la horquilla de 3.000 a 200.000 euros, dependiendo de distintas variables como la disminución de las operaciones en 2020, el número de empleados o el régimen de tributación de la empresa o persona trabajadora autónoma.

Los trabajadores autónomos encuadrados en el régimen de estimación objetiva singular --coloquialmente módulos-- no deben acreditar la reducción del volumen de operaciones en 2020, y tampoco el no haber tenido pérdidas en 2019, de manera que tan solo deben presentar copia de las facturas de los costes fijos incurridos en el periodo delimitado.

La consejera de Empleo ha destacado que Andalucía también mejoró la normativa estatal al ampliar a 433 las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) frente a las que inicialmente fijaba el Real Decreto, que se limitaba a solo 95 de las 538 existentes.

Para "aligerar en la medida de lo posible" las obligaciones de los solicitantes a esta línea de subvenciones, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha dispuesto de una oficina técnica dedicada los siete días de la semana a instruir, gestionar y atender las consultas que llegan sobre la tramitación de las ayudas, para lo que ha contado con 105 empleados públicos de distintos cuerpos de gestión, 15 de ellos informáticos.

Asimismo, se han introducido procesos de automatización en la tramitación dentro de los "escasos márgenes" que permite el Real Decreto estatal, que contempla realizar los pagos en un periodo breve de tiempo, según ha abundado la consejera.