El Parlamento aprueba la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía con los únicos votos a favor del PP-A

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de la mayoría absoluta del PP-A, la abstención de Vox y los votos en contra del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía, que nace con el objetivo de avanzar en la puesta en uso y valor de los distintos bienes y derechos del patrimonio de la comunidad autónoma y que actualiza su régimen jurídico, vigente desde hace cuatro décadas, al incorporar "los más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión bajo máximas de eficacia y eficiencia del patrimonio autonómico, uno de los más grandes del país".

Así lo ponían de relieve desde el Gobierno andaluz cuando el pasado mes de septiembre daban 'luz verde' a este proyecto en la reunión semanal del Ejecutivo de la Junta, y del que subrayaban que busca "garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos".

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha incidido en la defensa de este proyecto al tomar la palabra al final del debate de la misma y antes de su votación, y ha proclamado que esta ley "marca un hito para Andalucía", por lo que ha dedicado palabras de agradecimiento a quienes han contribuido a que este miércoles se haya podido votar de forma definitiva la aprobación de esta norma que se sustenta, según ha abundado, en un texto "sólido, bien construido y útil".

Ha agregado que esta ley nace "de un compromiso" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no busca "vender patrimonio", sino "protegerlo" y ponerlo "al servicio de todos", según ha remarcado.

La ley establece una nueva definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias.

Además, contempla mecanismos efectivos que "garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de Andalucía", así como "potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad, además de establecer un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje".

Así, el texto legal "se alinea con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad organizativa, publicidad. transparencia, colaboración, coordinación y control que deben inspirar la regulación en orden a la correcta administración, defensa y conservación del patrimonio".

SUSTITUYE A LA LEY DE 1986

La actual Ley del Patrimonio de Andalucía era del año 1986, fecha desde la que se han aprobado diversas normas que han afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la comunidad autónoma, según argumentaba la Junta para justificar la elaboración del proyecto que este miércoles ha recibido la luz verde definitiva en el Parlamento.

Además, desde el Gobierno andaluz citan el Decreto ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en la comunidad, como otra modificación legal que queda contemplada en esta nueva normativa patrimonial "adaptada a la realidad jurídica actual y que, además, permitirá poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de Andalucía".

Así, el proyecto de ley aprobado introduce medidas para "agilizar y reducir al mínimo los trámites en operaciones patrimoniales, eliminando duplicidades y asegurando mediante herramientas digitales una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos".

La norma, asimismo, "apuesta por la transparencia y participación". Para ello, por primera vez la Junta de Andalucía pondrá a disposición de la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada dentro de su portal web y que recoge un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía y de sus organismos dependientes. Este portal ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos que puedan darse a dichos bienes.

Se introduce, asimismo, la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio. De esta forma, un ayuntamiento andaluz podría por ejemplo solicitar al Gobierno autonómico que se ponga en uso un inmueble abandonado.

De la misma manera, se refuerzan los procedimientos de concurso y negociado con concurrencia y publicidad. Y se introduce como novedad la figura de la consulta de interés de mercado, con el objetivo de recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos o preparar los correspondientes procedimientos de adjudicación.

En tercer lugar, la norma "se ajusta a los principios de la economía circular en la gestión de los bienes muebles de la Junta de Andalucía", siendo por tanto "pionera en la implantación de los más altos estándares medioambientes en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente y la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles".

'BOLSA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD'

Así, se creará una 'bolsa de segunda oportunidad' para dar nuevo uso a mobiliario, material informático, vehículos y otros enseres, priorizando su reutilización, reparación o reciclaje. Por ejemplo, aquellos vehículos que estén a punto de alcanzar el final de su vida útil podrán ser destinados para su uso por alumnos en grados formativos. Cuando no sea posible la reutilización, los bienes podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados.

Por último, la nueva ley regula la obligación de protección del patrimonio y los deberes de colaboración, e incorpora, por primera vez en Andalucía, un régimen de infracciones y sanciones contra los atentados que sufra el patrimonio autonómico.