El Parlamento aprueba la ley del tercer sector social andaluz impulsada por PP-A y PSOE-A

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la proposición de Ley relativa al tercer sector de acción social de la comunidad autónoma, que fue registrada de forma conjunta por los grupos de PP-A, PSOE-A y Mixto-Adelante Andalucía, si bien este último grupo se ha abstenido en la votación de su debate final, al igual que Por Andalucía, mientras que Vox ha votado en contra.

La proposición de ley, que superó el pasado 10 de septiembre su toma en consideración y que cuenta con el posicionamiento favorable del Consejo de Gobierno, pretende, "entre otros extremos, dar cobertura a determinadas necesidades, como la de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector social en el diseño de las políticas sociales para responder a los desafíos de una sociedad global".

La proposición de ley consta de doce artículos, se estructura en tres capítulos y contiene, además, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

La iniciativa tiene como objeto "configurar y definir el tercer sector social de Andalucía a través de las organizaciones y redes que lo conforman, y adoptar y promover medidas orientadas a fortalecer dichas organizaciones y redes a fin de impulsar la cooperación y colaboración de las organizaciones entre sí, con el sector público y el tejido empresarial, para promover su participación y contribución en el ámbito de la intervención social en general y, específicamente, en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito".

Sitúa como "parte del tercer sector social de Andalucía" a "las organizaciones de iniciativa social, con sede y actividad en Andalucía, cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia, o cualquier otra actividad contenida en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".

La iniciativa detalla las características que deben reunir una entidad para ser considerada como parte del "tercer sector social", entre las que figuran la de que esté conformada, "total o parcialmente, por personas voluntarias o asociadas", así como que no tengan como finalidad la "obtención de beneficios económicos", y que los que "eventualmente obtenga" los revierta "en la actividad que le sirve de objeto", y no los distribuya "entre sus socios".

Define también los "principios de actuación" a los que deben someterse las organizaciones del tercer sector social de Andalucía, entre los que figuran los de "solidaridad y justicia" y "responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social", así como reconoce a estas entidades el "derecho a participar en las políticas públicas que les conciernen en todas sus fases, incluida la fase de ejecución, (...) sin menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos de gobierno de cada institución".

La iniciativa también plantea en su articulado que "el Gobierno andaluz, a través de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía u organismo que la sustituya, mantendrá un diálogo permanente, operativo y bidireccional con las redes del tercer sector social de Andalucía respecto a la acción de gobierno, así como respecto a la acción de las organizaciones y redes, en el ámbito de la intervención social, que se traduzca en iniciativas concretas a impulsar por cualquiera de las partes o en colaboración, realizando un seguimiento y evaluación de las mismas".

Según se detalla en la proposición de ley, dicha comisión "se reunirá, en sesión ordinaria, tres veces al año, con periodicidad cuatrimestral, y, en sesión extraordinaria, cuando así lo decida la presidencia, a iniciativa propia o a instancia de, al menos, la mitad de las vocalías".

MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR SOCIAL

Además, con esta ley se emplaza a las "administraciones públicas de la región, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normativa básica que sea de aplicación", a adoptar una serie de "medidas de promoción del tercer sector social", como las de "introducir en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, aquellos contenidos y referencias al tercer sector social precisos para su justa valoración como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad civil", y "reconocer" a estas organizaciones "la condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente".

Contempla también la creación del 'Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social', "dependiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales", y concebido como "un instrumento técnico de la Junta de Andalucía encargado de la recopilación, sistematización, actualización y generación de información y conocimiento, así como de su difusión, en las esferas relacionadas con el tercer sector social y con las organizaciones y redes integradas en él".

Compromete al Gobierno andaluz a elaborar y aprobar, "en el plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigor" de la norma, la "estrategia de promoción del tercer sector social de Andalucía" que se prevé en la propia iniciativa pactada por el PP-A, el PSOE-A y Adelante Andalucía.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el debate final de la iniciativa, que se ha celebrado en el último Pleno del actual periodo de sesiones del año 2025, han intervenido, en representación de los grupos que la han promovido, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Maribel Lozano; el parlamentario del PSOE-A José Luis Ruiz Espejo y la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza.

Por otro lado, y al margen de los grupos que han promovido el proyecto, la diputada de Vox Ana María Ruiz ha justificado el rechazo de su grupo a esta ley "por respeto a los andaluces y por responsabilidad política", al entender que esta iniciativa "nace mal planteada, mal definida y, sobre todo, profundamente desconectada de la realidad social de nuestra tierra".

Así, ha criticado que esta norma "pretende otorgar un reconocimiento institucional amplio y difuso a un tercer sector social que ni siquiera queda claramente definido" en su texto, además de que "se alinea de forma explícita" con la Agenda 2030, "un marco ideológico global que no ha sido sometido ni siquiera al debate democrático real de los ciudadanos españoles, y que se utiliza cada vez con más frecuencia como excusa para imponer políticas que nadie ha votado en España, y que no responde a nuestras prioridades más urgentes", según ha denunciado.

Finalmente, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha recordado que su grupo no se unió a los promotores de esta iniciativa al entender que "carecía de elementos que le dieran seguridad jurídica al Tercer Sector", aunque votó a favor de su tramitación en el Parlamento con la confianza de que, con enmiendas parciales, "se solventarían algunos de los problemas que tenía, tanto de rigor jurídico y técnico como de ambición política, que es absolutamente inseparable de los objetivos que animaron al Tercer Sector a traer este texto" a la Cámara.

Sin embargo, ha lamentado que el proyecto que ha llegado a su debate final "prácticamente" es "lo mismo que entró a la Cámara", por lo que "no ha resuelto los problemas legales que tenía" ni le da al Tercer Sector "ninguna expectativa de garantía de viabilidad futura y de resolución de los problemas que, paradójicamente, les llevaron a traer un texto" para la elaboración de dicha ley, según ha advertido.