SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, ha superado este miércoles, 22 de marzo, su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento sin necesidad de votación, ya que ningún grupo ha registrado enmiendas de totalidad contra esta iniciativa, y a partir de ahora continuará su tramitación parlamentaria en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, según ha anunciado el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.
Se trata de un proyecto de ley cuya aprobación definitiva quedó pendiente en la anterior legislatura al disolverse la Cámara andaluza con motivo de las elecciones autonómicas que se celebraron el 19 de junio del año pasado.
El objetivo de esta reforma, según ha explicado ante el Pleno del Parlamento la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, es garantizar al colectivo de personas con discapacidad la accesibilidad en las estaciones de servicio de combustibles y carburantes, y con ella también se amplía a terceros el régimen sancionador por el mal uso de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
Así, el proyecto de ley actualmente en tramitación establece que las instalaciones en las que se pongan a la venta, a través de máquinas expendedoras o suministradoras automáticas, bienes que, por sus peculiares características, puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y, en particular, combustibles y carburantes, deberán contar, en todo caso, con personal debidamente cualificado que asista a las personas con discapacidad.
De este modo, con la modificación efectuada, se determina que este tipo de instalaciones deberán cumplir, en todos los casos, los parámetros de accesibilidad previstos en la normativa UNE 170001-1 y 170001-2 (accesibilidad universal) o normativa de accesibilidad europea equivalente. En caso contrario, deberán contar, en el horario diurno comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, con una persona responsable que atienda las necesidades de las personas que presenten dificultades para acceder al servicio.
Según ha explicado la consejera, en 2017, la Comisión Europea había objetado a las autoridades españolas sobre las normativas autonómicas que exigen la presencia de personal en estas instalaciones por la posibilidad de vulnerar la libertad de establecimiento de empresas en otros Estados miembros que utilicen la estación de servicio automática como modelo de negocio y, por consiguiente, constituir una restricción incompatible con el Derecho de la Unión que dispone la eliminación de "los requisitos que obliguen a tener un número mínimo de empleados".
Ante "la necesidad de adaptarse a la normativa europea de forma que se respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación por razón de nacionalidad, sin rebajar por ello las exigencias de accesibilidad universal que deben reunir todos los
productos y servicios", en la Ley andaluza se modifica el artículo 50.3 con la justificación de la necesidad de personal si no se cumple con los requisitos de accesibilidad en la prestación del servicio.
USO INDEBIDO DE TARJETAS DE APARCAMIENTO
Por otra parte, se ha establecido en el proyecto de ley que ha superado el debate de totalidad la modificación del régimen sancionador en materia de infracciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, con el objetivo de "evitar que el peso de las sanciones recaiga sobre las personas titulares y deje impune la conducta de terceras personas que, en la mayoría de los casos, acaban siendo las responsables".
La tarjeta es personal e intransferible, solo se puede usar para el transporte del titular y está "totalmente prohibida su cesión a terceras personas o su uso de otra forma diferente a la prevista legalmente", según ha subrayado la consejera de Inclusión Social, que ha explicado que, pese a ello, después de años de aplicación de dicho régimen sancionador, se ha detectado, "con bastante precisión, cuál es la tipología básica en el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida".
Así, aunque solo se puede usar para el transporte del titular y está "totalmente prohibida" su cesión a terceros o su uso si el titular no es transportado, es "muy frecuente que las infracciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento consistan en el uso de la tarjeta por parte de terceros", ya sea la tarjeta original sin transportar al titular, o directamente, una fotocopia, según ha detallado la titular de Inclusión Social.
Por ello, según ha defendido la representante del Gobierno andaluz, resulta necesario modificar este régimen sancionador para evitar que todo el peso de las sanciones recaiga sobre las personas titulares de las mismas, dejando impune la conducta de terceros que, en la mayoría de los casos, acaban siendo los responsables del uso indebido de la tarjeta, por lo que se contempla expresamente como sujeto infractor, no sólo al titular, sino al tercero.
LLAMAMIENTO A QUE "NO SE ALARGUE" LA TRAMITACIÓN DE LA REFORMA
Al finalizar su intervención, la consejera ha agradecido a los grupos que ninguno haya presentado enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley, y ha defendido que percibe un "compromiso unánime" entre todos los diputados a favor de "garantizar los derechos de las personas con discapacidad".
En esa línea, ha animado a los parlamentarios a que, "en la medida de sus posibilidades, no alarguen la tramitación de esta ley" en la Cámara, porque implica únicamente la reforma de dos artículos de la norma que modifica y "cuanto antes salga adelante, antes estaremos arrimando el hombro todos" para que las personas con discapacidad "tengan lo que se merecen", ha remachado.
No obstante, tras la intervención de la consejera, y en el turno de los grupos, tanto la diputada del PSOE-A Pilar Navarro como la parlamentaria de Vox Mercedes Rodríguez han avanzado que sus grupos presentarán enmiendas parciales a este proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria que esperan que sean aceptadas.
