SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado este martes la importancia de "preservar el sector de la dependencia con el objetivo de favorecer la continuidad de la prestación de los servicios a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía", una vez que la Diputación Permanente del Parlamento ha convalidado el Decreto Ley 15/2021 de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo económico a las entidades prestadoras.
El Decreto Ley, que el Consejo de Gobierno aprobó el 20 de julio, contempla, con un presupuesto global de 10,4 millones de euros, dotar de una cuantía fija mensual por plaza concertada, conveniada o concertada y ocupada en los centros de atención residencial, centros de día y de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, según ha explicado el Gobierno andaluz por medio de una nota.
"Una iniciativa de apoyo económico con la que el Gobierno andaluz trata de compensar los gastos extraordinarios soportados por los centros como consecuencia del cumplimiento de medidas obligatorias de prevención de salud pública para frenar y reducir el contagio por Covid-19 durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2021", ha argumentado la consejera.
En el caso de los servicios de atención residencial, las cantidades por plaza oscilan entre los 74,72 euros para mayores dependientes y los 166,35 euros de las residencias para personas gravemente afectadas con daño cerebral sobrevenido.
Para el servicio de centro de día y noche y terapia ocupacional, el pago adicional por mes va de los 19,40 euros de la terapia ocupacional para personas adultas en régimen de internado a los 71,95 euros en los casos de personas con daño cerebral sobrevenido.
Tras la declaración del Estado de alarma hasta en tres ocasiones por parte del Gobierno central, la Junta de Andalucía ha venido adoptando una serie de medidas extraordinarias como la suspensión de los nuevos ingresos en las residencias, el cierre de los centros de día o diversos acuerdos para establecer medidas económicas de carácter extraordinario.
Sin embargo, como ha señalado la consejera, "con la reactivación de los servicios gracias a la evolución favorable de la pandemia, el cumplimiento de las medidas preventivas de salud pública adoptadas han afectado directamente a la gestión habitual de estos centros mediante la exigencia de planes de contingencia y actuaciones de prevención de la epidemia como la necesidad de asegurar equipos de protección, material sanitario y de desinfección, lo que ha provocado un perjuicio económico directo a las entidades prestadoras de estos servicios públicos".
Rocío Ruiz ha subrayado que este incremento en los gastos y el notable perjuicio a la capacidad económica de las entidades prestadoras de estos servicios supone "un riesgo para el sostenimiento del sector social y, por ende, para el mantenimiento de los puestos de trabajo correspondientes. Esto amenaza la continuidad de la prestación del servicio púbico de atención a las personas en situación de dependencia, lo que puede conllevar un importante impacto y repercusión social".
EMPLEADO CREADO POR ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
La consejera ha destacado el hecho de que el servicio público de atención a la dependencia crea en nuestra Comunidad Autónoma 0,5 puestos de trabajo por cada persona atendida en el sector de la atención residencial de personas mayores; entre 0,25 y 1,35 en el sector de las personas con discapacidad según la tipología del centro; 0,25 en los centros de día para personas mayores; y entre 0,17 y 0,35 en el caso de las personas con discapacidad. Todo ello, de personal mínimo y obligatorio para la prestación de dicho servicio público.
"En definitiva, una nueva iniciativa del Gobierno andaluz que se suma al conjunto de medidas económicas puestas en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria que, hasta el momento actual, asciende a más de 80 millones de euros movilizados, lo que hace un total de 90,4 millones", ha concluido Ruiz.
CUARENTA MIL PLAZAS Y 1.415 CENTROS
Esta medida de la Consejería de Igualdad, puesta en marcha para combatir los efectos sanitarios y económicos de la pandemia por Covid-19, afecta a los 1.415 centros que tienen vinculación jurídica con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda).
Este conjunto de centros conforma el mapa de recursos de plazas concertadas por la Agencia de Servicios Sociales para los diferentes servicios de atención residencial y de centro de día que, en la actualidad, dispone de un total de 40.769 plazas.
De ellas, 18.924 corresponden al servicio de atención residencial para personas mayores; 5.966 a atención residencial para personas con discapacidad; 6.806 son de centro de día para personas mayores; 2.661 de centro de día para personas con discapacidad; y, finalmente, 6.412 al servicio de centro de día ocupacional para personas con discapacidad.
SEGUNDA AYUDA EXTRAORDINARIA
Mediante el Decreto-Ley 31/2020, el Gobierno andaluz ya decretó una primera medida extraordinaria de apoyo por importe de 13,5 millones de euros a los centros residenciales, de día y de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia consistente en un abono adicional a las entidades con plazas concertadas, conveniadas o contratadas con la Agencia de Servicios Sociales durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020.
En relación con esta medida, se recibieron solicitudes por valor de 12,8 millones de euros, lo que ha permitido reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual, contratación de personal y otras medidas adicionales de higiene y protección.
