SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ha firmado este martes los acuerdos con 37 entidades de titularidad privada para la formalización de 2.438 plazas a través del concierto social, de las cuales 76 son nuevas plazas residenciales para personas con discapacidad.
Estas 2.438 plazas del concierto social para la atención a personas con discapacidad en la provincia de Sevilla se distribuyen con 840 para plazas en residencias, 532 en centros de día y 1.066 en centros con terapia ocupacional, según recoge la Consejería en una nota de prensa
La Junta ha ahondado en que la oferta de plazas del concierto social supone la ampliación de la red de recursos de atención y va a posibilitar la apertura de centros ubicados en zonas geográficas en las que "hasta el momento no se ofrecía el servicio".
En el caso concreto de Sevilla, ha destacado tres centros de nueva apertura, la residencia para personas gravemente afectadas por parálisis cerebral 'Aspace' en Dos Hermanas (16 plazas), la vivienda tutelada 'Avain' en el Viso del Alcor (3) y la residencia para personas con trastorno del espectro autista 'Parsi' en Sevilla capital (14). El resto, hasta llegar a las 76 nuevas plazas, se ubican en centros que ya prestaban servicio a personas con discapacidad.
La red de centros de la Junta para la atención de personas con discapacidad en situación de dependencia en la provincia está formada por un total de 3.036 plazas, entre las que se encuentran las 2.438 plazas contempladas en el concierto social con centros de titularidad privada. El resto, son plazas en centros de titularidad pública de ayuntamientos y diputaciones y en los centros propios de la Administración autonómica.
El acto de firma de los documentos relativos al concierto social ha estado presidido por la secretaria general de Políticas Sociales y Conciliación, Lourdes Ballesteros; la directora gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Gloria Espinosa de los Monteros; la directora general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Mercedes María López, y el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Joaquín Pérez Blanes.
Para distribuir estas plazas por tipología y provincia se ha tenido en cuenta el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, así como una serie de criterios como la ratio de cobertura en las distintas áreas del territorio, la disponibilidad actual de recursos y la demanda de personas que requieren atención residencial en cada provincia, todo ello de acuerdo con las "prioridades consensuadas" en las reuniones con las entidades representativas del sector, ha ahondado la Junta.
En este sentido, ha explicado que el sector reclamaba que se priorizara la oferta de plazas residenciales para determinadas tipologías de discapacidad en aquellas provincias que carecían de recursos específicos, ya que en Sevilla, por ejemplo, no existían plazas para personas con trastorno del espectro autista o para la atención de afectados por parálisis cerebral.
La Junta ha resaltado que estas nuevas plazas van a permitir una "mayor equidad territorial" en la distribución de los recursos asistenciales y una mayor proximidad al domicilio de las personas dependientes posibilitando, de esta forma, el mantenimiento de los lazos familiares.
En el caso de Andalucía, la adjudicación del concierto social permitirá cubrir un total de 12.520 plazas para atender a personas con discapacidad en situación de dependencia, de las que 265 son nuevas. El plazo de ejecución es de 24 meses y el importe total del concierto supera los 365 millones de euros.
UTILIDAD DEL CONCIERTO SOCIAL
La Junta ha defendido la utilidad del concierto social describiéndolo como "una nueva figura administrativa especial, de mayor flexibilidad y garantía de calidad", que se basa en la libre elección del usuario y garantiza la continuidad asistencial de las personas que estén actualmente ocupando las plazas, manteniendo la vinculación afectiva y terapéutica.
El objetivo es mantener a las personas en su propio entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, con el fin de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.
