APM y AJFV critican ante eurodiputados que no hay mejoras estructurales pese a las reformas judiciales del Gobierno

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha trasladado al Parlamento Europeo que, "pese a las numerosas reformas" impulsadas por el Gobierno en los últimos meses, "no se han consolidado mejoras estructurales" en la justicia española, al tiempo que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha criticado la "falta de dotación económica y de medios materiales y humanos" en los tribunales de instancia.

Así lo han expuesto las asociaciones de jueces y magistrados ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, una delegación de cinco eurodiputados que han viajado a Madrid esta semana para analizar la situación de la justicia española.

Así, la APM ha denunciado que el clima institucional y la percepción pública sobre la independencia judicial "han tendido a deteriorarse", según una nota de prensa difundida por la asociación judicial mayoritaria.

Y según ha informado, los representantes de la asociación han abordado con el grupo de eurodiputados temas como "la ausencia de una reforma efectiva del sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las preocupaciones en torno al acceso a las carreras judicial y fiscal" o "el impacto institucional de la condena al fiscal general del Estado" saliente, Álvaro García Ortiz.

También ha incidido en "las serias disfunciones que está generando la implantación de los Tribunales de Instancia, que, sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano".

Según la nota de prensa, la APM fue consultada por los eurodiputados "sobre el modelo de acceso a la carrera judicial y sobre el papel y los límites funcionales del Tribunal Constitucional en relación con la jurisdicción ordinaria y el Derecho de la Unión Europea".

En este sentido, la asociación ha subrayado que el Estado de derecho "exige instituciones robustas, contrapesos efectivos, reglas estables y una dotación suficiente de recursos", y ha reiterado su compromiso con "la independencia judicial y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones europeas".

AJFV AVISA SOBRE PLAZAS QUE NO SE REPONEN

También se ha reunido con la comitiva la jueza Ana González por parte del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda con mayor número de asociados.

González ha trasladado su crítica a "la forma en la que se están implantando los tribunales de instancia", pues no tienen "la dotación económica suficiente ni los medios materiales y humanos necesarios", según ha contado AFJV a Europa Press.

Además, González ha denunciado "la ausencia de medios digitales adecuados y eficientes". Por ello, ha pedido "disponer de sistemas informáticos seguros, estables e interoperables" con los que puedan "trabajar con agilidad y garantías".

Y ha rechazado que se utilice el proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia para "incorporar por la puerta de atrás a unos 700 jueces y fiscales sustitutos". En este sentido, González ha añadido que las instituciones europeas "nunca han pedido esta estabilización" y que los eurodiputados "se han mostrado muy sorprendidos por esto".

La juez también ha apuntado al descenso de miembros de la carrera por jubilaciones, fallecimientos y excedencias que, según la asociación, "no se están reponiendo con el número de plazas convocadas en los concursos actuales".

Por su parte, Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), ha explicado a esta agencia de noticias que no han acudido a la reunión porque no se les ha convocado.

"Cuando nos enteramos, pedimos poder asistir, y nos contestaron que la agenda ya estaba cerrada", ha señalado el presidente de la asociación judicial. Desde FJI han presentado por escrito su "disconformidad" y han enviado otro documento con sus alegaciones.

JJPD CREE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL "ESTÁ GARANTIZADA"

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha trasladado a los eurodiputados que "la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social", según un comunicado.

En este sentido, JJpD "valora positivamente" algunas medidas como el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, según la asociación judicial, "separa con claridad la función de investigación y las de garantía", o la creación "de 500 nuevas plazas nuevas en los tribunales".

JJpD ha subrayado en la reunión que "aún están pendiente de aplicación algunas medidas que distintos organismos internacionales han sugerido, como la reducción de los casos de aforamiento".

Como aspectos negativos se han mencionado los distintos ataques de responsables políticos que no constituyen crítica a la labor judicial sino intento de desacreditar al Poder Judicial, como es el "significativo caso de los que sufre la jueza de instrucción que trata de determinar responsabilidades por las inundaciones que produjo la dana en Valencia o la persistente campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional", ha señalado.

REUNIONES CON PERAMATO, PERELLÓ Y CONDE-PUMPIDO

La delegación del Parlamento Europeo ha viajado esta semana a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de Derecho con el fin de redactar un informe.

Los cinco miembros de la Eurocámara son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales) Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Su misión es redactar un informe sobre la independencia de la Justicia en España y el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación de la Fiscalía General, la sociedad civil o la calidad del procedimiento legislativo.

La delegación tiene previstas reuniones con representantes del Ministerio de Justicia; la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y otros miembros del alto tribunal y el órgano de gobierno de los jueces, así como con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

También se reunirán con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y representantes de la Fiscalía Anticorrupción, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Guardia Civil.