Los 27 respaldan crear un certificado europeo de apoyo y representación de adultos vulnerables

BRUSELAS, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han fijado este viernes la que será su posición negociadora con el Parlamento Europeo para proteger a los adultos vulnerables en situaciones transfronterizas --como la venta de bienes o la atención médica en el extranjero-- y apoyado la idea de Bruselas de crear un "certificado europeo de apoyo y representación" de la persona afectada, aunque descartan otras medidas como registros interconectados entre Estados miembro.

El mandato ha sido consensuado por los ministros de Justicia de la Unión Europea en una reunión en Bruselas, pero ha salido adelante con el voto en contra de España, para quien las líneas de negociación fijadas por el Consejo no son suficientemente "ambiciosas", según ha indicado en un comunicado el Ministerio de Justicia.

El objetivo de la nueva norma, cuya forma definitiva deben negociar aún el Consejo y la Eurocámara, es el de proteger mejor los derechos de los adultos que, debido por ejemplo a enfermedades relacionadas con la edad, como el Alzheimer, ya no pueden tomar decisiones sin el apoyo de los familiares o de un tutor.

El nuevo reglamento garantizará que se respete su derecho a la autonomía durante los traslados dentro de la UE, incluida la libertad para tomar sus propias decisiones, para lo que determinará qué órgano jurisdiccional u otra autoridad es la competente para adoptar medidas de protección en un asunto transfronterizo, qué legislación se aplica y cómo se reconocen y ejecutan las resoluciones o los poderes de representación establecidos en el extranjero.

Entre las iniciativas que la Comisión Europea planteó en su propuesta y que los 27 recogen también en su mandato, figura la creación de certificado de apoyo y representación europeo para facilitar que los representantes puedan demostrar sus poderes en otro Estado miembro.

Los gobiernos defienden, no obstante, que dicho certificado pueda utilizarse no sólo para demostrar la representación, sino también para que el apoderado esté autorizado para apoyar al adulto afectado.

Sin embargo, los ministros han descartado que se creen también registros interconectados para proporcionar información sobre las medidas de protección en otro Estado miembro, ya que consideran que ello supondría añadir una elevada carga burocrática a la introducción de la nueva norma. Con todo, dejan la puerta abierta a que el Ejecutivo comunitario vuelva a evaluar la posibilidad de crear estos registros una vez esté en vigor la legislación.

Otra de las claves de la reforma tiene que ver con la reubicación de un adulto vulnerable y los casos en que un Estado miembro puede oponerse a ese traslado a su territorio. En este caso, los países abogan por remitirse al procedimiento previsto en el Convenio de La Haya de 2000, que a su vez establece qué autoridades del país son responsables y qué legislación nacional se aplica cuando un adulto necesitado de protección se encuentra en otro país.

En el contexto de la reubicación de un adulto en el marco del nuevo reglamento, el lugar de residencia quedará determinado por resolución judicial sobre dónde debe vivir la persona afectada. Además, incluye disposiciones para casos en los que un adulto incapaz de expresar sus deseos tiene que ser ingresado en un centro de cuidados.

Además, el Consejo aboga por que se pueda designarse a una autoridad competente de otro Estado miembro para representar a un adulto que necesite de protección si así lo permite el Derecho nacional de dicho país; sin embargo, esto requeriría el consentimiento del Estado miembro en cuestión. El texto transaccional evita crear nuevas obligaciones a los Estados miembro cuya legislación no prevé que una autoridad pública actúe como representante de un adulto.

ESPAÑA VE FALTA DE AMBICIÓN

Por parte de España, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en la reunión que, aunque comparte el objetivo de facilitar las relaciones transfronterizas de las personas con discapacidad, entiende que la propuesta no es lo suficientemente ambiciosa.

Justicia ha señalado en una nota de prensa que España se ha opuesto a la propuesta de reglamento en materia de protección de adultos, como ya hizo el pasado junio.

Bolaños ha recordado que España tiene un modelo de medidas de apoyo que se basa en el respeto a la voluntad y autonomía de las personas con discapacidad.

Al respecto, ha destacado la modificación aprobada del artículo 49 de la Constitución Española, que incluyó el término de personas con discapacidad, así como la ley de 2021 que amplió sus derechos las medidas de apoyo respetando su autonomía.

Y ha instado a sus homólogos europeos a avanzar en esta línea hacia un instrumento más flexible y con una visión de largo alcance, según ha indicado Justicia.