Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). El Tribunal Supremo (TS) escucha hoy al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) por - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado extender seis meses más la instrucción de la causa en la que investiga la presunta financiación ilegal del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, al recibir 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', una solicitud de prórroga que había pedido el PSOE, que ejerce la acusación popular.
Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del Supremo en un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, da cuenta de que la Fiscalía también había pedido la prórroga de medio año.
No ha ocurrido lo mismo con el resto de las partes --Romillo, 'Alvise' y una asociación de usuarios de criptomonedas-- que, según el auto, no se han pronunciado sobre la prórroga en plazo, quedando "decaídos de este trámite".
Además, el magistrado resalta que el Supremo tiene que solicitar la autorización a la Eurocámara para poder investigar al líder de SALF. "Trámite que, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará varios meses", apunta.
'Alvise' negó ante el Supremo el pasado 11 de julio que la aventura electoral de SALF se financiara de forma ilegal, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Pérez explicó que recibió 100.000 euros de Romillo por una charla que dio sobre "libertad financiera" en el Hipódromo de Madrid en un acto organizado por el empresario. Según detalló, el dinero se lo dieron dos trabajadores de éste en sus instalaciones de Centinel, en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros.
Además de la presunta financiación ilegal, el Supremo tiene abiertas contra 'Alvise' tres causas más: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista a las elecciones europeas; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, y por presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert.
LA AUDIENCIA NACIONAL TAMBIÉN PRORROGA
Romillo se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre después de que el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama --que le investiga por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma Madeira Invest Club (MIC)-- apreciara riesgo de fuga. Además, le procesó el pasado diciembre junto a varias personas.
El juez Calama ha acordado prorrogar el periodo de instrucción de esa causa por un plazo de seis meses, hasta septiembre, ya que "son varias las diligencias de investigación aún pendientes de practicar", según un auto al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.
Unas diligencias que "obligan a prorrogar indefectiblemente, puesto que no se puede descartar que, del resultado de esas diligencias pendientes de practicar, arranquen nuevos elementos sobre los que deberán practicarse nuevas diligencias y, todo ello, a expensas del resultado que arrojen las pendientes hasta el momento", añade.
Entre ellas, el instructor menciona que se encuentra pendiente la recepción y análisis de diversas órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias libradas a distintos países, entre ellos Portugal.
Durante la investigación, precisamente, se han localizado transferencias por valor de 12.935.000 euros en una cuenta bancaria de Singapur, que recibió más de 29 millones de euros de otra abierta en un Banco de Portugal, que era utilizada presuntamente por Romillo para desviar los fondos recibidos por los inversores.
Calama procesó al empresario por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
Según la instrucción, el dinero que los inversores ingresaron en las cuentas indicadas en MIC no iba a las inversiones o compras de criptomonedas, sino "directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario" que habría creado Romillo.