BRUSELAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo en la noche de este martes para crear el primer estándar europeo de bonos ambientales que permita legislar contra el 'greenwashing' en estos mercados y garantizar que están alineados con la financiación del crecimiento sostenible y la transición hacia una economía climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos.
La ministra de finanzas de Suecia, que ostenta la presidencia de turno del Consejo, Elisabeth Svantesson, ha destacado que este nuevo estándar permitirá a los emisores demostrar que están financiando proyectos verdes legítimos alineados con la taxonomía de la UE, mientras que los inversores que compren los bonos podrán evaluar, comparar y confiar más fácilmente en que sus inversiones son sostenibles, lo que reducirá así los riesgos que plantea el lavado verde.
Este reglamento establece requisitos uniformes para los emisores de bonos que deseen utilizar la designación 'Bono verde europeo' o 'EuGB' para sus bonos ambientalmente sostenibles que estén alineados con la taxonomía de la UE y que estén disponibles para inversores a nivel mundial.
La nueva normativa también establece un sistema y registro y un marco de supervisión, así como algunos requisitos de divulgación voluntaria para otros bonos ambientalmente sostenibles.
Estos bonos son uno de los principales instrumentos para financiar inversiones relacionadas con tecnologías verdes, eficiencia energética y eficiencia de los recursos, así como infraestructura de transporte sostenible e infraestructura de investigación.
Según el acuerdo provisional, todos los ingresos de estos bonos deberán invertirse en actividades económicas que estén alineadas con la taxonomía de la UE, siempre que los sectores en cuestión ya estén cubiertos por ella, mientras que para aquellos sectores que aún no estén amparados bajo este paraguas se establecerá un bolsillo de flexibilidad del 15% para garantizar la usabilidad del estándar europeo de bonos verdes desde el comienzo de su existencia.
El uso y la necesidad de esta bolsa de flexibilidad se volverá a evaluar a medida que avance la transición de Europa hacia la neutralidad climática y con el número cada vez mayor de oportunidades de inversión verdes y atractivas que se espera que estén disponibles en los próximos años.
En cuanto a la supervisión, las autoridades nacionales competentes del estado miembro de origen designado serán las encargadas de supervisar que los emisores cumplan con sus obligaciones en virtud de la nueva norma.
El acuerdo aún debe ser confirmado por el Consejo y el Parlamento Europeo, y adoptado por ambas instituciones antes de que sea definitivo y comenzará a aplicarse 12 meses después de su entrada en vigor.
