Colegio de Abogados de Madrid.- EL ICAM reclama más seguridad jurídica y una respuesta coordinada ante la okupación de viviendas

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado más seguridad jurídica y una respuesta coordinada ante la ocupación ilegal de viviendas en el marco del Congreso que ha arrancado este jueves sobre la problemática jurídica de este problema social, ha informado el Colegio en un comunicado.

Durante dos jornadas se reunirán más de 30 especialistas del ámbito jurídico, policial, institucional y social. Durante la apertura, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, defendió que esta ocupación ilegal constituye "sobre todo, un problema de Estado de derecho", al considerar que afecta directamente a la propiedad privada, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

García Gómez sostuvo que el actual marco de intervención pública en materia de vivienda ha contribuido a aumentar la inseguridad jurídica y a tensionar el mercado del alquiler, y reivindicó como alternativa políticas orientadas a incrementar la oferta residencial y reforzar la protección jurídica de propietarios e inquilinos.

"Estamos en un Estado de derecho. La ley debe proteger al que cumple, no generar ventajas al que incumple", afirmó. El viceconsejero defendió además que las políticas públicas de vivienda deben ser "socialmente ambiciosas", pero advirtió de que no pueden desarrollarse "a costa de erosionar la propiedad, debilitar la tutela judicial efectiva y poner en cuestión la seguridad jurídica".

En este sentido, reclamó "más vivienda, más oferta y más seguridad jurídica", al considerar que "sin seguridad jurídica no hay inversión", "sin inversión no hay oferta suficiente" y "sin oferta suficiente no hay acceso real a la vivienda".

UN FENÓMENO "COMPLEJO" QUE EXIGE UNA RESPUESTA COORDINADA

En representación de la Junta de Gobierno del ICAM, el diputado Javier Mata reivindicó la necesidad de abordar la problemática de la ocupación desde un enfoque jurídico integral, capaz de combinar la protección de la propiedad y la seguridad jurídica con la atención a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión residencial que subyacen en parte de estos procedimientos.

Mata recordó de que "los problemas derivados de la vivienda en sentido amplio son en este momento la primera preocupación de la sociedad", y defendió la conveniencia de avanzar hacia soluciones "prácticas, adecuadas y responsables" construidas desde la coordinación entre legislador, administraciones públicas y operadores jurídicos.

La corporación madrileña subrayó asimismo que la ocupación plantea "desafíos complejos que exigen rigor técnico, sensibilidad social y una respuesta coordinada desde distintos ámbitos del Derecho y de los poderes públicos", al tiempo que insistió en la necesidad de evitar respuestas simplistas ante una realidad "con muchas aristas" y casuísticas profundamente distintas entre sí.

En este contexto, el ICAM reivindicó el papel de la abogacía y de los distintos operadores jurídicos en la búsqueda de respuestas "equilibradas, eficaces y respetuosas con los derechos en juego".

Por su parte, el presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, Alberto Torres, defendió la necesidad de abordar el fenómeno de la ocupación desde un análisis "estrictamente jurídico", alejado de apriorismos ideológicos y centrado en la búsqueda de soluciones útiles para una problemática de enorme impacto social y judicial.

Torres subrayó que el Congreso ha sido concebido precisamente para analizar la ocupación desde todas sus dimensiones -civil, penal y social- prestando una "especial sensibilidad" a las situaciones de vulnerabilidad vinculadas al acceso a la vivienda.