ICAM acusa a Inclusión de presentar como "innecesaria" la intervención de la abogacía en materia de extranjería

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha acusado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de presentar como "innecesaria" la intervención de la abogací aen materia de extranjería.

Se trata, según ha trasladado el ICAM en un escrito formal y recoge el Colegio en un comunicado, de una nueva campaña institucional en materia de extranjería que "vuelve a desacreditar el papel de la abogacía especializada" y transmite el mensaje de que la asistencia letrada resulta "prescindible en procedimientos de enorme complejidad y trascendencia personal".

"La nueva iniciativa llega después de que el propio Ministerio retirase una campaña anterior tras la denuncia pública formulada por el ICAM, que ya advirtió entonces del carácter impropio y lesivo de unos mensajes institucionales que minusvaloraban la función de la abogacía en el ámbito de la extranjería", ha advertido.

Entienden que ahora "lejos de corregir aquel enfoque", la nueva campaña reincide en la idea de que el ciudadano puede y debe prescindir del asesoramiento jurídico profesional. En concreto, el ICAM entiende que la campaña omite por completo cualquier referencia a la abogacía especializada y, en su lugar, dirige expresamente a la ciudadanía hacia otros actores, al señalar que "podrá contar con el apoyo de colaboradores de extranjería", definidos como "entidades como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro del ámbito migratorio y de la protección internacional, previamente autorizadas".

Según la entidad colegial, esta formulación "no solo invisibiliza a la abogacía, sino que la sustituye de facto en el mensaje institucional, proyectando la idea de que su intervención no resulta necesaria y suponiendo un nuevo menoscabo de la labor profesional de los abogados y abogadas en un ámbito de elevada complejidad jurídica".

En el escrito remitido a la ministra del ramo, Elma Saiz, el ICAM ha recordado que "comparte plenamente la necesidad de que la ciudadanía reciba información pública clara, accesible y veraz, especialmente en un ámbito tan sensible como el de la extranjería, donde están en juego derechos e intereses personales, familiares, sociales y laborales de especial relevancia".

Por ello advierte de que ninguna campaña institucional puede construirse "a costa de degradar el papel de la abogacía ni de proyectar una visión distorsionada de una profesión sometida a la legalidad, la deontología y el control colegial".

"NO ES ACCESORIA NI SECUNDARIA"

El ICAM subraya que la intervención de abogado en procedimientos de extranjería "no es accesoria ni secundaria, sino una garantía esencial de seguridad jurídica, de correcta orientación sobre la vía procedente, de adecuada preparación documental y de defensa efectiva de los derechos e intereses de las personas afectadas".

Ello es "particularmente relevante" en procedimientos de notable complejidad técnica y con consecuencias decisivas para la vida de miles de personas. Para la corporación madrileña, la prevención frente a eventuales abusos, fraudes o desinformaciones constituye un objetivo legítimo, pero "nunca puede servir de excusa para sembrar sospechas sobre toda una profesión ni para sugerir que el asesoramiento jurídico especializado carece de valor".

"Muy al contrario, la abogacía especializada en extranjería cumple una función de evidente interés público, ayudando a las personas migrantes a afrontar sus trámites con mayores garantías y evitando errores que pueden comprometer gravemente su situación administrativa y personal", ha reivindicado.

Por su parte, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha señalado que "resulta inaceptable que una Administración pública reincida en un mensaje que presenta a la abogacía como un obstáculo o como una figura prescindible, cuando precisamente su función es garantizar derechos, seguridad jurídica y tutela efectiva".

Ribón ha añadido que "después de la retirada de la campaña anterior, cabía esperar una rectificación real del Ministerio". "Sin embargo, nos encontramos con una nueva campaña aún más explícita en la idea de que el ciudadano no necesita abogado, y eso supone una grave irresponsabilidad institucional en una materia tan sensible como la extranjería", ha apostillado.

Por su parte, el diputado responsable de Extranjería del ICAM, Emilio Ramírez, ha advertido de que "trasladar a las personas migrantes que pueden afrontar procedimientos complejos sin asesoramiento jurídico especializado no solo es un error, sino un mensaje potencialmente dañino, porque puede inducir decisiones equivocadas con consecuencias muy serias para su situación administrativa, laboral y familiar".

Ramírez ha subrayado además que "la lucha contra el fraude no puede hacerse desacreditando a quienes trabajan cada día para proteger derechos". "La abogacía especializada en extranjería forma parte de la solución, no del problema, y merece respeto institucional, no campañas que alienten su descrédito", ha indicado.

Además, el diputado responsable de Extranjería del ICAM, ha advertido de que el asesoramiento legal resulta esencial para garantizar el rigor en la tramitación, no solo en el proceso de regularización extraordinaria actualmente en marcha, sino también de cara a las futuras renovaciones, donde los expedientes que ahora se resuelvan tendrán un peso determinante.

El ICAM ha recordado asimismo su "compromiso constante en este ámbito a través de la formación especializada de los profesionales, los servicios de orientación jurídica, la asistencia jurídica gratuita y distintas iniciativas de colaboración institucional y social orientadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes".

Por todo ello, la institución ha instado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a "rectificar de inmediato el enfoque de esta nueva campaña y a garantizar que en las actuales y futuras comunicaciones institucionales se visibilice expresamente el valor del asesoramiento jurídico profesional y no se obvie la figura de la abogacía. La información oficial, recuerda el ICAM, debe servir para orientar y proteger a la ciudadanía, no para desincentivar el acceso a garantías jurídicas esenciales".

"El Colegio reitera finalmente su disposición al diálogo institucional y a la colaboración leal con el Ministerio para contribuir a una comunicación pública rigurosa, útil y respetuosa con todos los operadores que intervienen en la tutela efectiva de los derechos de las personas migrantes", ha concluido.