El ICAM alerta que la futura Ley de Integridad Pública podría "debilitar mecanismos contra el blanqueo y el fraude"

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha alertado de que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, "presentado por el Gobierno como una norma contra la corrupción", puede reducir "la eficacia de mecanismos relevantes" para detectar operaciones de riesgo vinculadas al blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y las tramas de corrupción política.

Así lo ha señalado el ICAM en una nota de prensa, en la que ha explicado que uno de los aspectos más sensibles es la reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales. Según ha indicado, en el sistema vigente estas operaciones se documentan mediante escritura pública, lo que permite "una verificación jurídica inicial, la comprobación de quienes intervienen y la generación de información trazable útil para prevenir conductas ilícitas".

El anteproyecto prevé que estas transmisiones puedan realizarse mediante documentos privados electrónicos que posteriormente se inscriban en el Registro Mercantil. A juicio del ICAM, este cambio supone pasar de "un modelo en el que la transmisión queda documentada desde el primer momento con control jurídico, identificación de las partes y valor probatorio reforzado" a otro en el que la operación se formaliza primero en un documento privado y solo despliega plenamente sus efectos cuando accede al Registro.

En este sentido, ha advertido de que "ese lapso entre la firma y la inscripción puede generar incertidumbre sobre quién controla realmente una sociedad", "debilitar la trazabilidad de la operación" y hacer "más lentas y complejas operaciones habituales" como la entrada de inversores o la reorganización del capital.

Asimismo, ha subrayado que, en ámbitos sensibles como la transmisión de participaciones sociales, cualquier reforma debe asegurar que la información sobre el control societario sea "fiable, verificable y accesible" para las autoridades competentes, al tratarse de una herramienta clave para "reconstruir estructuras societarias complejas y detectar beneficiarios reales ocultos".

ESPACIOS DE MENOR TRAZABILIDAD

El ICAM ha advertido de que la reforma puede generar "espacios de menor trazabilidad" en sociedades limitadas, uno de los vehículos más habituales del tejido empresarial español. Según ha señalado, en operaciones sensibles esto puede afectar a socios, acreedores y terceros, así como a investigaciones sobre "adjudicaciones irregulares, enriquecimiento ilícito, financiación ilegal o blanqueo".

Desde su perspectiva, la reforma presenta "tres riesgos principales": "menor seguridad jurídica", "menor capacidad para detectar estructuras vinculadas a la corrupción política" y "menor eficacia en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo", además de "menor agilidad en el tráfico mercantil".

CONTRA ESTÁNDARES INTERNACIONALES

El ICAM ha advertido también de que la reforma debe analizarse desde la perspectiva de los estándares internacionales de prevención del blanqueo. En este sentido, ha recordado que el GAFI exige "información adecuada, exacta y actualizada" sobre los beneficiarios reales de las sociedades.

Así, ha señalado que cualquier cambio que reduzca la calidad o la trazabilidad de esos datos debe examinarse "con especial prudencia", ya que pasar de información "contrastada en origen" a datos basados en documentos privados puede "debilitar el enfoque múltiple de fuentes" recomendado por este organismo y condicionar la posición de España en futuras evaluaciones.

DIGITALIZACIÓN Y GARANTÍAS

El ICAM ha reconocido que la reforma busca simplificar operaciones, reducir costes y reforzar la transparencia registral, pero ha advertido de "una preocupación notable", que es "la pérdida de seguridad jurídica preventiva", al desaparecer el control previo del notario sobre la legalidad, identidad y capacidad de las partes.

Asimismo, ha señalado que el modelo propuesto es "híbrido", al combinar elementos "anglosajones" con rasgos del sistema continental, pero "prescindiendo de las bondades preventivas del control de la fe pública notarial", lo que puede generar "incoherencias".

Finalmente, ha advertido de que el riesgo es que "la agilidad formal sea a costa de debilitar garantías estructurales" y ha cuestionado si el tráfico jurídico-mercantil requería "un cambio de modelo" de este alcance, al considerar que existen "severas grietas" en este planteamiento.

El ICAM ha anunciado que impulsará iniciativas para explicar las consecuencias de la reforma y promover su revisión, entre ellas un evento en su ciclo "Sociedad Civil y Estado de Derecho".