ICAM alerta de que la Ley Orgánica 1/2025 está generando "retrasos, inseguridad jurídica y barreras de acceso a Justicia

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha advertido este viernes de que la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, está provocando "más retrasos, más inseguridad jurídica y más barreras" en el acceso a la tutela judicial efectiva, un año después de su entrada en vigor.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha defendido durante la inauguración del Foro Justicia ICAM 'Un año después de la Ley 1/2025: ¿cómo está la Justicia? Los MASC, a debate' que la abogacía comparte el objetivo de una Justicia "más ágil, más accesible, más previsible y más eficiente", pero ha cuestionado que la ley, tal y como se está aplicando, esté logrando ese propósito. A su juicio, "el problema no es la idea de la eficiencia, el problema es cuando la eficiencia prometida se convierte en burocracia real".

Según ha recogido el ICAM en un comunicado, Ribón ha valorado los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como herramientas útiles para favorecer acuerdos y reducir la litigiosidad, pero ha alertado de que su imposición como requisito previo obligatorio para acudir a los tribunales está generando más trabajo previo, mayores exigencias documentales, riesgo de inadmisiones y dudas interpretativas, sin una reducción equivalente de los pleitos. Ha advertido además de la disparidad de criterios entre órganos judiciales sobre este requisito, que, según ha señalado, se traduce en inseguridad jurídica.

El decano ha recordado que "el malestar de la profesión ya quedó reflejado en un estudio del ICAM, en el que una amplia mayoría de profesionales percibía más retrasos, criterios judiciales dispares y escasa eficacia de la negociación previa obligatoria, hasta el punto de que el 90% consideraba que la norma estaba generando más demoras y solo una minoría veía que los conflictos se resolvieran realmente fuera de los tribunales".

Ha puesto el foco especialmente en los procedimientos de familia con menores, los litigios internacionales y el impacto sobre pequeños despachos y profesionales del Turno de Oficio, y ha subrayado que el Colegio ha mantenido una posición "constructiva y responsable", con propuestas de enmienda, guías prácticas, formación y sistemas de apoyo para los colegiados.

El foro ha contado con la participación de representantes de la magistratura, la procura, los letrados de la Administración de Justicia y la abogacía, que han analizado el impacto real de los MASC y de la Ley 1/2025.

Entre otras cuestiones, se ha debatido sobre la especial complejidad de su aplicación en procedimientos de familia, la falta de datos oficiales concluyentes, la necesidad de homogeneizar criterios y el nuevo régimen de costas, que algunos ponentes han considerado uno de los aspectos más controvertidos de la reforma.

En la recta final, los participantes han coincidido en la necesidad de seguir ajustando el modelo para compatibilizar el impulso de los MASC con el derecho de acceso a la jurisdicción y con la realidad de la Administración de Justicia. En este contexto, se ha planteado la creación de un grupo de trabajo con todos los operadores jurídicos para revisar la aplicación práctica de la ley, ampliar el catálogo de excepciones y promover una reforma legislativa que permita superar las actuales dificultades interpretativas.