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MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha clausurado este viernes su II Congreso de Extranjería después de tres jornadas dedicadas a analizar los principales cambios jurídicos y administrativos que están transformando esta materia.
Las conclusiones del encuentro trazan una hoja de ruta que combina la mejora de la gestión con el refuerzo de la seguridad jurídica y sitúa la interlocución con la abogacía como una herramienta para detectar problemas de aplicación y plantear soluciones, según informa el Colegio.
"La eficacia administrativa y la garantía de los derechos no son objetivos contrapuestos", ha señalado el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería, Emilio Ramírez.
"Una Administración ágil, coordinada y capaz de ofrecer respuestas previsibles proporciona seguridad jurídica tanto a las personas extranjeras como a los profesionales que las asisten y a los propios órganos administrativos", añade.
Ramírez ha reivindicado en este sentido el papel del Colegio como interlocutor con las instituciones. "Desde el ICAM queremos seguir siendo un interlocutor leal con las Administraciones, pero también firme en la defensa de los derechos", recalca.
Tras tres días de debate con representantes de la Administración, la judicatura, la abogacía y organizaciones especializadas, el responsable colegial ha resumido el objetivo de la siguiente etapa: "Ahora corresponde convertir ese diálogo en mejoras concretas".
CRITERIOS HOMOGÉNEOS Y UNA INTERLOCUCIÓN PERMANENTE
Una de las principales conclusiones del Congreso es la necesidad de evitar que una misma situación reciba respuestas diferentes dependiendo del territorio o del órgano que tramite el expediente.
El ICAM plantea para ello criterios administrativos más homogéneos, públicos y previsibles, especialmente ante cambios normativos o jurisprudenciales, y pide reforzar la coordinación entre las Oficinas de Extranjería y los servicios centrales.
El Colegio considera asimismo necesario consolidar canales permanentes, ágiles y bidireccionales entre la Administración y la Abogacía y dar un nuevo impulso al convenio suscrito entre la Administración General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española en 2020, junto con su adenda de modificación y prórroga de 2024.
El objetivo es que este marco se traduzca en una colaboración efectiva que facilite la presentación de expedientes correctamente revisados y permita trasladar con rapidez criterios de presentación y subsanación.
La propuesta responde a una idea reiterada durante las jornadas: una mejor comunicación entre quienes resuelven los procedimientos y quienes asesoran diariamente a las personas interesadas puede contribuir a reducir errores, requerimientos innecesarios y diferencias de interpretación.