El ICAM propone ampliar garantías tributarias y reforzar la mediación en la futura Ley de Defensa del Contribuyente

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente de la Comunidad de Madrid con el objetivo de reforzar las garantías jurídicas de los ciudadanos y mejorar los procedimientos tributarios, planteando ampliar la protección a todos los obligados tributarios y fortalecer mecanismos como la mediación.

Según ha informado el ICAM en una nota de prensa, las propuestas buscan extender el alcance de las garantías más allá de los contribuyentes, reforzar los derechos en los procedimientos de comprobación, inspección y sanción, así como dotar a la futura Oficina de Defensa del Contribuyente de funciones de mediación para resolver conflictos antes de su judicialización.

El Colegio ha planteado revisar el objeto de la ley para evitar un enfoque "restrictivo" centrado únicamente en información, asistencia y participación, proponiendo que se incorpore de forma expresa la protección de los derechos en el desarrollo de los procedimientos tributarios, donde pueden producirse afecciones al ejercicio efectivo de las garantías.

Asimismo, ha advertido de la falta de una regulación suficiente de estos procedimientos en el anteproyecto y ha defendido la necesidad de reforzar de forma explícita la protección de los derechos de los obligados tributarios, concretando además cómo deben proyectarse los derechos de información y orientación en las actuaciones administrativas posteriores.

En relación con el ámbito subjetivo de la norma, el ICAM ha propuesto sustituir el término contribuyente por el de obligados tributarios, con el fin de evitar interpretaciones restrictivas y extender la protección a terceros interesados, representantes y profesionales que actúan en defensa de los ciudadanos.

En materia de consultas tributarias, ha planteado reforzar su carácter vinculante para la Administración y proteger a los ciudadanos que actúan de buena fe, evitando que cambios de criterio posteriores puedan perjudicarles. También ha sugerido introducir entrevistas personales durante el proceso para mejorar el intercambio de información y evitar que la Administración se desvincule de los criterios fijados.

El Colegio ha defendido además la incorporación de mecanismos para reducir la conflictividad, como fórmulas alternativas de resolución de conflictos y el refuerzo del sistema de consultas, proponiendo que la falta de respuesta en plazo no genere inseguridad jurídica y que las sanciones en estos casos cuenten con una motivación reforzada.

En este contexto, ha planteado dotar a la futura Oficina de Defensa del Contribuyente de funciones de mediación y reforzar su independencia mediante la designación de una persona ajena a la Administración tributaria, así como la posibilidad de formular propuestas ante quejas y exigir respuestas motivadas cuando no sean atendidas.

Por último, el ICAM ha propuesto introducir medidas concretas para reforzar las garantías en los procedimientos de inspección, comprobación y sanción, como la inclusión de trámites de audiencia personal, la información sobre la apertura de procedimientos sancionadores y la posibilidad de no imponer sanciones cuando el administrado haya actuado con diligencia razonable, en línea con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.