Ararteko pide a las administraciones que garanticen en todos los hogares un suministro energético mínimo

Ararteko, Manu Lezertua
PARLAMENTO VASCO
Actualizado: lunes, 1 febrero 2016 17:53

Publica una recomendación general para reducir y paliar los efectos de la pobreza energética en Euskadi

VITORIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko ha pedido a las administraciones vascas que garanticen en todos los hogares y de forma "ininterrumpida" un suministro de servicio energético mínimo, con el objetivo de reducir y paliar los efectos de la pobreza energética en Euskadi.

El Defensor del Pueblo vasco ha emitido una recomendación general en la que plantea a las administraciones vascas una serie de propuestas que "acompañen" a las políticas públicas e iniciativas sociales ya existentes contra la pobreza energética.

En la recomendación, titulada 'Bases para el debate social sobre la pobreza energética en Euskadi', el defensor del pueblo vasco recuerda que "en pleno siglo XXI existe mucha gente en Euskadi que aún tiene serias dificultades para mantener una temperatura adecuada en su casa durante los meses fríos".

Según ha explicado, el número de personas que tienen este problema alcanzó en 2014 a más de 235.000 personas, "cuando en 2008 no llegaba a las 90.000".

El Ararteko ha destacado que este fenómeno, conocido como pobreza energética, es consecuencia de la carencia de recursos económicos suficientes, pero también deriva de las malas condiciones objetivas de la vivienda o del excesivo precio de los recursos energéticos.

"Para promover el conocimiento y la prevención de la pobreza energética en Euskadi, hemos elaborado una recomendación general donde planteamos a las administraciones vascas una serie de propuestas para que acompañen a las políticas públicas e iniciativas sociales ya existentes, con el objetivo de reducir y paliar los efectos de este fenómeno sobre esos miles de ciudadanos de nuestra comunidad", ha indicado.

UN SUMINISTRO "MÍNIMO"

Entre estas recomendaciones, incluye que la administración competente en el sector energético, sin perjuicio de las competencias estatales en esta materia, "debería establecer una garantía de suministro de servicio energético mínimo".

Para ello, el Ararteko cree que deben aprobarse las medidas normativas o administrativas "oportunas" para "determinar el volumen del contenido mínimo de suministro eléctrico, o de gas, en su caso, que debe garantizarse a todas los hogares de forma ininterrumpida".

Además, señala que en el caso del servicio eléctrico, las nuevas tecnologías que proveen los contadores inteligentes permiten reducir o mantener, aun en el caso de impago, una potencia mínima de suministro de 2 MW.

El Ararteko recuerda también que los poderes públicos vascos -en aplicación de las disposiciones recogidas en las directivas comunitarias y dentro de su ámbito competencial en materia de consumo, vivienda y energía- deben establecer mecanismos legales "suficientes" para garantizar el suministro energético en los "periodos críticos", debiendo estos incluir, en cualquier caso, los meses de invierno (diciembre-enero-febrero-marzo).

CAUSAS DE LA PRECARIEDAD

La recomendación destaca que la precariedad de recursos energéticos no está únicamente relacionada con la situación económica de las personas, sino que la necesidad de energía está "estrechamente vinculada" a las condiciones objetivas de los hogares (la tipología de vivienda, sus materiales, el aislamiento o las medidas de ahorro y eficiencia energética) y con las condiciones del mercado de suministro de servicios energéticos (los costes del servicio o el sistema centralizado o descentralizado de acceso a las fuentes de energía).

Por ello, advierte de que la pobreza energética "no afecta únicamente a las personas con menor renta, sino que puede extender sus efectos a otros colectivos expuestos a un excesivo gasto energético debido a las malas condiciones edificatorias o al excesivo coste de la energía".

Al respecto, recuerda que la exigencia de una estrategia a los poderes públicos para la prevención de la pobreza energética y paliar sus efectos, es un mandato que deriva de la normativa comunitaria.

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