Cree que también debe incluir la obligación de algunos ayuntamientos, elegidos en función de sus habitantes, a someterse a auditoria anual
BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Ignacio Martínez Churiaque, ha considerado que la futura Ley Municipal Vasca debería contemplar el "deber de transparencia", lo que supondría la publicación de los documentos relacionados con la gestión económico financiera pública de los entes locales, así como "la obligación" de determinados ayuntamientos, seleccionados en función del número de habitantes y presupuesto de gastos, a someter su documentación contable a auditoria anual.
Churiaque ha participado este martes en una jornada organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos sobre la futura Ley Municipal Vasca, en la que diversos expertos, como el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Velasco, el letrado del Ayuntamiento de Bilbao, Angel Zurita, y el secretario general del Ayuntamiento de Barakaldo, Humberto Estébanez, han dado su opinión sobre el anteproyecto de ley.
Según Churiaque, la auditoria de los ayuntamientos vascos de más de 40.000 habitantes y un presupuesto a partir de 50 millones de euros, supondría "el control de un 53,21 por ciento de la población y de un 54,75 por ciento del total de gastos".
Asimismo, la fiscalización de consistorios vascos de más de 20.000 habitantes y con un presupuesto superior a los 30 millones de euros significaría "el control del 64,84 por ciento de la población y el 66,11 por ciento de los gastos".
El presidente del TVCP ha señalado como factores que condicionan "negativamente" el ejercicio de la función de control interna en una entidad local la "dependencia excesiva de los interventores de los órganos gestores" o la "falta de segregación de funciones del interventor, que actúa en la práctica como gestor y como fiscalizador, y del secretario-interventor".
Churiaque apuesta por un modelo gestor de entidades locales que, para dar "mayor confianza", contemple un control interno que favorezca la desburocratización y la fiscalización de la legalidad en la ejecución presupuestaria; un control financiero a través de auditoria interna que contemple la revisión de medios y procedimientos para facilitar la integridad de la información financiera y presupuestaria; y un control externo, con auditorias de regularidad y operativas, que sirva para incrementar el grado de seguridad de las cuentas públicas y para la racionalización en la gestión de los recursos públicos.
Tras remarcar la "práctica ausencia de control sobre fundaciones y consorcios" pertenecientes a entes locales vascos, ha indicado que las tres capitales vascas "sólo han sido fiscalizadas una sola vez en el siglo XXI", así como que hay cuatro municipios de más de 20.000 habitantes (Durango, Erandio, Galdakao y Zarautz) que no se han auditado en el siglo XXI y cinco localidades de más de 10.000 habitantes (Amorebieta, Arrigorriaga, Sopelana, Beasain y Azkoitia) que no se han auditado nunca.
Según ha explicado, en los 20 años del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de los 233 ayuntamientos vascos con menos de 20.000 habitantes, 65 se han fiscalizado sólo una vez (28%) y diez se han fiscalizado dos o tres veces (5%).
Como ejemplo de control externo en los entes locales, Churiaque ha puesto a Navarra, donde se lleva a cabo una fiscalización anual de regularidad (financiera y legalidad) en los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes y se proyecta fiscalizar una vez en la legislatura a los consistorios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, lo que cubre el 60 por ciento de la población y el 70-75 por ciento del gasto presupuestario.
Asimismo, ha señalado que, si la Ley Municipal obligase a auditoria externa a los entes locales, el TVCP debería ejecutar el Plan de auditorías con sus propios medios y con la colaboración de auditores privados, así como auditar anualmente las tres capitales vascas y los seis ayuntamientos mayores de 40.000 habitantes. Asimismo, se tendría que contratar auditorias privadas para realizar, bajo supervisión del TVCP, el trabajo de campo e informe previo de fiscalización.
De esta forma, se llevaría a cabo la fiscalización anual de los nueve ayuntamientos vascos mayores de 20.000 habitantes; durante la legislatura se auditaria a los 23 consistorios vascos mayores de 10.000 habitantes; y en algún año el resto de ayuntamientos.
Por su parte, el letrado del Ayuntamiento de Bilbao, Angel Zurita, ha advertido que el anteproyecto de Ley Municipal "no regula el régimen local" y se trata de "una ley de financiación de las entidades locales". "Es una ley de haciendas locales", ha insistido.
Por otro lado, el secretario general del Ayuntamiento de Bilbao, Humberto Estébanez, ha señalado que la Ley tiene "un máximo respeto al principio de autorganización, pero, con tanta autorganización y con los problemas que se viven en el seno de las corporaciones locales, podemos entrar en la senda de una gran inseguridad jurídica". A su juicio, es una ley "muy insuficiente en la regulación del régimen local vasco, y parece más bien otra nueva ley básica, y no una ley de desarrollo y de regulación institucional".
PARTIDO POPULAR
Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha señalado que la Ley Municipal, "una ley que ha causado polémica", es "necesaria" para las instituciones de Euskadi y debe tener como objetivo "ordenar todo el entramado institucional que tiene este país".
En ese sentido, ha dicho que en Euskadi "tenemos ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno vasco, y por encima, está el Gobierno central y las Instituciones europeas, y todo eso debe ser ordenado, porque no se puede gastar tanto dinero en tantos funcionarios, oficinas, políticos y en tantas cosas que son superfluas".
Basagoiti ha indicado que los ayuntamientos vascos, "todos, desde el de Barakaldo hasta el de Bilbao, Donosti y Vitoria, tienen muchas competencias y tienen que hacer frente a muchos servicios, pero no tienen dinero suficiente".
"Se trata de que se acabe el centralismo del Gobierno vasco y de las diputaciones y que el dinero, las leyes y las normas las tengan aquellos que tiene que resolver los problemas, que son los concejales, los alcaldes y los ayuntamientos", ha añadido, para insistir en que "se trata de que un ayuntamiento pueda arreglar las cosas que pasan en su ciudad, en su pueblo y no que tenga que estar siempre asumiendo cosas que ni puede ni debe ni tiene dinero para hacerlo".
