Covite pide a las instituciones una posición "clara e inequívoca" a favor de la justicia hacia las víctimas de ETA

Actualizado: viernes, 13 julio 2007 18:47

Dice intepretar "con preocupación y cautela" los "deseos" del anteproyecto de Ley de Reconocimiento de las Victimas del Terrorismo

BILBAO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) analizó hoy el anteproyecto de Ley de Reconocimiento y Proteccion de las Victimas del Terrorismo, y exigió que se contemple una postura "clara e inequívoca" de las instituciones vascas "en pro de la reivindicación de justicia hacia las víctimas" de ETA.

Asimismo, aseguró interpretar "con preocupación y cautela" el compendio de "deseos y buenas intenciones" que recoge este borrador porque "no serán exigibles ante los tribunales", si bien consideró que el catálogo de ayudas y resarcimientos materiales que contempla supone "un avance correcto respecto a lo ya previamente existente".

Por otro lado, consideró que "en la Euskadi de hoy son ETA y sus afines los que ocasionan las más graves lesiones a los Derechos Humanos más básicos", por lo que no ve "pertinente" mencionar otra violencia, como la de los GAL y grupos de extrema derecha, "siendo nuestra solidaridad y empatía plena con y hacia las víctimas de terrorismos de otro origen que no sea ETA".

Consideró "poco apropiado" que se haga mención al colectivo de víctimas como un grupo "selecto" y reivindicó una mención a su carácter claramente "señalado", al tiempo que abogó por un posicionamiento "claro e inequívoco" de las instituciones "en pro de la reivindicación de justicia hacia las víctimas".

Señaló de "vital importancia" que se use como "vademecum" la proposición no ley del Parlamento Vasco de fecha 25 de junio de 2003, para que se eliminen "los agravios que durante décadas se han cometido y tolerado", aunque se mostró "muy escéptico" a que tal Proposición y, sobre todo, algunos de sus puntos, se puedan cumplir.

En referencia a la actuación de la Administración pública vasca, aseguró echar de menos "alguna autocrítica" y le recordó que no se puede "vanagloriar de reacción alguna cuando en el período 1980-1988 no se hizo nada en este campo y cuando precisamente el número de atentados terrorista era absolutamente trágico".

Añadió que la legislación de 1988 fue "el fruto de la lucha y presión de parte de la sociedad" y defendió que debería mencionarse "la absoluta indefensión que han sufrido y siguen sufriendo las personas sometidas a la denominada violencia de persecución".

Recordó que las "reglas de juego" para participar en la vida pública en Euskadi pasan "inexorablemente" por la expulsión del juego democrático "de los que no sólo no admiten el campo de juego, sino que además quieren crear uno 'ad hoc' en el que no caben los discrepantes con su modelo nacional".

En este sentido, rechazó que se emplee la expresión "conflicto violento" porque, precisó, "en Euskadi lo que hay hoy en día es una violencia terrorista unidireccional", y lamentó que se aprueben planes educativos "que van en dirección contraria a lo expresado en el borrador" y que se evite actuar en muchos ayuntamientos "contra los actos públicos de ofensa a las víctimas".

SUBVENCIONES

Por otro lado, hizo referencia a las subvenciones y al hecho de que, para acceder a éstas, las asociaciones de víctimas deben estar domiciliadas en Euskadi o tener miembros asociados que hubieran sufrido daños por acciones terroristas producidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. "Se deberá desarrollar reglamentariamente cómo determinar y cómo cuantificar tener asociados que han sufrido daños terroristas en el País Vasco", defendió.

Criticó que el texto parezca asumir "la imposibilidad, al menos a corto plazo, de llevar a buen puerto algunas de las acciones que presenta" e instó a los ayuntamientos, las policías locales y la Ertzaintza a evitar "que en la vía pública, día tras día, se mofe la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo".

También abogó por romper con el discurso "mitológico de una Euskal Herria histórica, cultural, con derechos colectivos", y propuso estudiar mecanismos, como los existentes para las personas discapacitadas, para hacer reserva de viviendas para las víctimas del terrorismo.