El Defensor del Pueblo y el Ararteko reclaman abordar "el problema ambiental" derivado del ocio

Instan a desarrollar planes y programas de inspección del ruido ambiental y promover canales de denuncia "accesibles y eficaces"

BILBAO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo de España y el Ararteko han advertido de "la importancia de abordar el problema ambiental derivado del ocio", tras una queja trasladada a ambas instituciones por la Asociación de Vecinos Uribitarte Anaitasuna de Bilbao.

Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido este 30 de abril, el Defensor del Pueblo de España y el Ararteko han hecho pública esta reivindicación conjunta fruto de "la coincidencia del análisis de esta situación en las recomendaciones emitidas" por ambas instituciones, según han explicado desde el Defensor del pueblo vasco.

Entre las principales conclusiones recogidas en ellas se encuentra que "el ejercicio de las actividades de ocio debe respetar el derecho al descanso de las personas".

El Defensor y el Ararteko comparten que el ejercicio del ocio por parte de la ciudadanía, a través del desarrollo de espectáculos públicos, actividades recreativas y de hostelería, representa" un importante beneficio social y económico". Sin embargo, precisan que esas actividades de ocio "sólo pueden ejercerse dentro del marco legal habilitado, que exige respetar los derechos de la ciudadanía".

Según recuerdan, el ordenamiento jurídico protege a las personas frente al ruido excesivo generado por las actividades de ocio. "La contaminación acústica que provoca su concentración en determinadas zonas urbanas puede llegar a afectar a la calidad de vida y, en especial, al derecho al descanso de las personas que residen en su entorno", señalan.

Además, el Defensor del Pueblo y el Ararteko remarcan que "el derecho al descanso en el domicilio como un derecho fundamental". En este sentido, apuntan que las administraciones públicas, en especial los ayuntamientos, tienen "la obligación de actuar para lograr de manera eficaz que el ruido ambiental no afecte al derecho al descanso de las personas residentes en esas zonas de concentración de ocio".

Desde las defensorías del pueblo explican que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han establecido que el ruido ambiental excesivo puede vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la vida personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio.

También advierten de que el ruido puede vulnerar el derecho a la salud y al medio ambiente adecuado. "Para evitar estas transgresiones, las autoridades competentes deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, de manera efectiva y razonable, la protección del domicilio de las personas expuestas a los efectos nocivos del ruido, garantizando su calidad de vida y su salud", apuntan.

Otra de sus conclusiones es que la legislación ambiental vigente "impone a las administraciones municipales la obligación de intervenir en el control del ruido generado por el ocio". Así, señalan que "el ejercicio adecuado y eficaz de las competencias de inspección, control y sanción ante las infracciones es una función pública de obligado cumplimiento que no puede quedar sujeta a criterios discrecionales o de oportunidad".

Igualmente, inciden en que el control de la contaminación acústica requiere que las administraciones dispongan de los medios materiales y personales "suficientes para ejercer esta función de manera eficaz".

INSPECCIÓN Y CANALES DE DENUNCIA

Para ello, consideran "imprescindible" desarrollar planes y programas de inspección del ruido ambiental que permitan "una actuación sistemática y preventiva", y que aseguren la vigilancia y el cumplimiento "real y efectivo" de las condiciones impuestas a las actividades, "protegiendo de este modo todos los derechos concurrentes".

Para mejorar la gestión del ruido ambiental, añaden, "es además imprescindible promover la implantación de canales de denuncia accesibles y eficaces". Según indican, "las administraciones públicas deben garantizar el derecho de las personas denunciantes al acceso a toda la información obrante, a participar en el procedimiento de control ambiental y a la formulación de soluciones para reducir la contaminación acústica".

Finalmente, defienden que las administraciones "deben impulsar campañas de sensibilización y educación orientadas a fomentar un ocio sostenible y respetuoso con el descanso de la ciudadanía". En este sentido, subrayan que "el ruido excesivo debe ser tratado como un problema serio y de entidad", ya que puede "afectar a la calidad de vida, a la cohesión social y al respeto de los derechos fundamentales de cada persona".

Con este escrito, el Defensor del Pueblo y el Ararteko reafirman su "compromiso con la protección de los derechos fundamentales y constitucionales de la ciudadanía, instando a las administraciones a cumplir con sus responsabilidades en la gestión del ruido ambiental y a promover un ocio más sostenible y equilibrado para todas las personas".