El delegado del Gobierno recurre para que el Consistorio de Hernani no pague los gastos por la citación de su alcaldesa

BILBAO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Paulino Luesma, presentó hoy un recurso contencioso-administrativo en San Sebastián contra la decisión del Ayuntamiento de Hernani de respaldar a la alcaldesa, Marian Beitialarrangoitia (ANV), después de que se le imputara un delito de enaltecimiento del terrorismo por dedicar unos aplausos a los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Martín Sarasola el 12 de enero en un acto celebrado en Pamplona. El Consistorio decidió sufragar los gastos económicos que derivaran de su citación en la Audiencia Nacional.

Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, el abogado del Estado formalizó esta misma mañana en un Juzgado de la capital guipuzcoana la impugnación al acuerdo municipal, al considerar que "vulnera la neutralidad política" y puede incurrir en malversación de caudales públicos. En el escrito, se solicita la suspensión cautelar del acto administrativo.

El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Hernani se adoptó el 23 de enero de 2008 tras haber sido imputada la primera edil por un delito de enaltecimiento del terrorismo, diligencias que fueron, finalmente, archivadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El grupo de ANV, que gobierna en el municipio, presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad -el resto de los grupos se ausentaron-, en la que consideraba "muy grave la decisión adoptada por la Audiencia Nacional española en contra de la alcaldesa" y la enmarcaba en "los ataques contra Euskal Herria y el objetivo de criminalización del independentismo vasco".

El Consistorio afirmó que "un abrazo a los presos políticos vascos es un ejercicio de libertad de expresión", a la que "no pueden ponérsele límites". Además, anunció que, "en caso de que la Audiencia Nacional adoptase alguna medida" contra Beitialarrangoitia, el Ayuntamiento respetaría "la estructura y representación política que actualmente posee".

Tras hacer un llamamiento a participar en las movilizaciones que se organicen en el municipio "en contra de esta agresión", acordó que el Consistorio asumiría "todos los gastos económicos" que ocasionase la decisión judicial.

RECURSO

Por su parte, el recurso de la Abogacía del Estado destaca que el acuerdo debe ser declarado "nulo de pleno derecho" porque concurrían motivos para la abstención de la alcaldesa en la votación y "que afectan a la validez del acto".

Asimimo, considera que el acuerdo podría incurrir en un delito de malversación de caudales públicos y subraya que también "concurre una vulneración del principio de neutralidad política, al haberse adoptado el acuerdo prescindiendo del principio constitucional de objetividad que ha de guiar la actuación de las administraciones públicas".

"A la vista de estos argumentos principales y otros de distinta índole, resulta procedente la impugnación de dicho acuerdo con la medida de suspensión cautelar del mismo, en evitación de que se lleven a efecto actos de contenido económico de imposible o difícil reparación", asevera.

ACCIONES LEGALES

Al día siguiente de la aprobación en sesión plenaria del acuerdo recurrido, Paulino Luesma anunció que pondría en marcha "las acciones legales que procedan" contra la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Hernani de "sufragar los gastos derivados de la citación judicial" de Marian Beitialarrangoitia ante la Audiencia Nacional.

Luesma indicó que la decisión del Ayuntamiento de Hernani, que se adoptó con la ausencia de todos los grupos municipales a excepción de ANV, supone "una afrenta intolerable" a las víctimas de ETA, que "ven cómo una dirigente política y responsable municipal, que jalea y pide el aplauso para dos presuntos miembros de ETA acusados de crímenes y atentados execrables, recibe el apoyo económico y moral de una institución municipal".

En este sentido, señaló que "la sorpresa y el rechazo que generan en la sociedad actuaciones de este tipo, no pueden quedar impunes". Por ello, el delegado del Gobierno decidió "poner en conocimiento de la Justicia" la decisión del Consistorio.