Detenidas en Gipuzkoa cuatro personas de una red que operaba facilitando la inmigración ilegal y explotación laboral

SAN SEBASTIÁN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Gipuzkoa a cuatro personas como presuntas autoras de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2024 y desarrollada por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, en colaboración con otras unidades especializadas.

Los arrestados formaban parte de una red estructurada, que operaba desde hace al menos cinco años, dedicada a facilitar la entrada y permanencia irregular en España de ciudadanos de origen marroquí a través de contrataciones ficticias en origen realizadas por dos empresas del sector de la construcción, una con sede en Bizkaia y otra en Gipuzkoa.

Según han explicado desde la Policía Nacional, estas ofertas de empleo no respondían a una verdadera relación laboral, sino que se utilizaban como mecanismo para obtener permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros que, en realidad, eran empleados en condiciones precarias para realizar trabajos al margen de las propias empresas contratantes.

La investigación comenzó tras detectarse posibles irregularidades en varios empadronamientos en una vivienda de la localidad guipuzcoana de Irun. Según la información inicial, diferentes personas se empadronaban en este domicilio a cambio de una contraprestación económica, pese a no residir en él.

Entre noviembre de 2019 y la fecha de solicitud de información, 19 personas se habían empadronado en ese domicilio de Irun y otras 16 en viviendas de San Sebastián, en su mayoría extranjeros en situación irregular.

Para verificar estos hechos, la Policía Nacional localizó y tomó declaración en diferentes puntos de España a 19 personas que habían figurado empadronadas en los inmuebles investigados. Al menos 13 de ellas reconocieron haber pagado al principal investigado, natural de Gipuzkoa, por autorizar su empadronamiento, sin que residieran realmente en dichas viviendas.

Estos empadronamientos se utilizaban posteriormente para consolidar permisos de residencia y acceder a la documentación necesaria para permanecer en España de manera legal.

En ese sentido, al menos 10 de las personas empadronadas regularizaron su situación en España mediante la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo vinculadas a contratos en origen que eran gestionados por dos empresas del ámbito de la construcción.

MARRUECOS

Estas contrataciones eran facilitadas por una persona de origen marroquí, de 47 años de edad, que contactaba con personas en Marruecos -en su mayoría de una ciudad cercana a la localidad de origen de su propia esposa- y les ofrecía oportunidades laborales en España a través de empresas aparentemente legítimas.

Tras aceptar la oferta, éste ponía a los interesados en contacto con una abogada especialista en extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, que actuaba como representante legal de las empresas contratantes.

La abogada, a continuación, tramitaba las solicitudes de autorización de residencia temporal y trabajo ante las subdelegaciones del Gobierno. Una vez obtenida la autorización, los ciudadanos marroquíes solicitaban el visado correspondiente en consulados o embajadas de España y entraban en territorio nacional de forma legal.

Al llegar a España, los trabajadores extranjeros eran empadronados en inmuebles de otra de las personas implicadas, dados de alta en la Seguridad Social por breves periodos -entre 13 y 26 días- tiempo en el que, en la mayoría de los casos, en lugar de prestar servicios para las empresas contratantes, realizaban trabajos de construcción ajenos a estas bajo la dirección de su compatriota mediador, sin ninguna vinculación con quienes les habían contratado formalmente.

Según las declaraciones recogidas por los investigadores, las condiciones laborales eran "manifiestamente irregulares -trabajaban sin control de jornada, sin cumplimiento de convenios colectivos y percibiendo sueldos muy por debajo de lo estipulado legalmente- repitiéndose estas prácticas de forma sistemática bajo el conocimiento y la permisividad de las empresas responsables de la simulación contractual".

CONTRATACIONES FICTICIAS

Tal y como apuntan los indicios recopilados, las personas implicadas recibían compensaciones económicas de diversas formas: hasta 3.000 euros por persona por gestionar una contratación en origen, trabajos o servicios a cambio, como reformas en viviendas en Marruecos, retención de parte del salario que los trabajadores percibían en España, o cobros directos de hasta 250 euros por facilitar un empadronamiento ficticio.

En total, la investigación permitió documentar al menos 14 casos de contrataciones ficticias, todos ellos seguidos de empadronamientos y posteriores altas laborales sin actividad real en las empresas implicadas. También quedó acreditado que el principal investigado facilitó el empadronamiento a 25 personas extranjeras sin que residieran efectivamente en los domicilios ofrecidos.

La operación ha puesto al descubierto una red de abuso y explotación de trabajadores migrantes, que además instrumentalizaba los procedimientos legales de contratación en origen para fines ilícitos. La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer la posible participación de otras personas o entidades y no se descartan nuevas detenciones.