De Andrés alega que "puede que hubiera que devolverlo a las empresas" y advierte de "una posible sanción internacional"
VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputación foral de Álava creará un fondo para reservar el 70 por ciento del dinero ingresado a través de los incentivos fiscales declarados ilegales por la Unión Europea, conocidos como 'vacaciones fiscales'.
En la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas, celebrada la semana pasada, se determinó, gracias a los tres votos del Gobierno vasco (PSE) y al de la Diputación de Gipuzkoa (Bildu), que cada administración foral entregue ya a la autonómica el dinero que corresponda de lo ingresado mediante las 'vacaciones fiscales'. En total, las diputaciones deberán entregar al Ejecutivo vasco 209 millones de euros por este concepto.
Los territorios tienen que abonar al Gobierno autonómico el 70 por ciento del importe ingresado, mientras que el 30 por ciento restante ha de repartirse a partes iguales entre la Diputación foral y los ayuntamientos.
En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Diputados, el diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), ha anunciado que la institución foral que dirige reservará el 70 por ciento del crédito que le corresponde por dos principales motivos.
RAZONES
El primero de ellos se refiere a que, según ha explicado De Andrés, "puede darse la circunstancia de que hubiera que devolver el dinero a las empresas". La segunda razón que ha argumentado el diputado general es que las administraciones vascas están "bajo la presión de una posible sanción internacional de la Unión Europea", por lo que deben contar con recursos económicos para afrontarla.
Asimismo, ha señalado que a los ayuntamientos alaveses se les va a indicar que tienen que tener en su contabilidad la provisión para "hacer frente a una devolución", en caso de que finalmente se dé dicha situación.
Respecto a la sentencia definitiva de este caso, De Andrés ha apuntado que todavía no hay fecha para la vista oral, por lo que "es posible que ya hasta el año que viene" no se conozca el veredicto final.
A su vez, ha dicho tener la "seguridad" de que la cifra de 209 millones de euros "no va a ser la definitiva, porque ha variado constantemente en el último año y las distintas conversaciones que se mantienen con la Comisión Europea la están alterando".
