EH Bildu propone incrementar en 60.000 la oferta de vivienda en Euskadi en 10 años, 30.000 de nueva construcción

SAN SEBASTIÁN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu propone incrementar en 60.000 la oferta de vivienda pública en Euskadi en diez años, 30.000 de ellas de nueva construcción, como "respuesta de choque" a la actual crisis habitacional y al crecimiento "exponencial" de la demanda existente. Además, plantea crear una 'Alianza por la Vivienda Asequible', formada por instituciones vascas, fundaciones bancarias y EPSVs de empleo para promover vivienda nueva.

El líder de la formación soberanista en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha desgranado esta propuesta en la jornada que EH Bildu ha celebrado en Tabakalera de Donostia-San Sebastián sobre política de vivienda.

La jornada ha comenzado con la entrevista de la secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, a Javier Gil, investigador del CSIC. Posteriormente, Otxandiano ha presentado la propuesta de Vivienda de su formación, para dar paso a una mesa redonda con Nacho Álvarez, ex secretario de Estado de Derechos Sociales. También han intervenido Javier Madrazo, ex consejero de Vivienda, y Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria.

Pello Otxandiano ha explicado la propuesta de EH Bildu, "ambiciosa pero realista", para solucionar la crisis habitacional --integrado en el documento de Política de Vivienda Integral--, que supone "el buque insignia" de la política de la formación en esta materia. Con el título de 'Posible 30K', su propuesta plantea generar 30.000 viviendas del parque ya construido y sacar al mercado 30.000 de nueva construcción.

Tal como ha destacado, existe una situación de "emergencia social" en materia de vivienda, que amenaza con provocar "una fractura social". Por ello, apuesta por garantizar el derecho a la vivienda basándose en tres pilares, el primero de ellos, que la vivienda "deje de ser un activo financiero" porque, "para que la vivienda sea un derecho, tiene que dejar de ser un negocio especulativo".

El segundo pilar supone priorizar "la función social de la vivienda frente a otro tipo de uso" ante una demanda "desbocada"; y el tercero, la promoción de vivienda pública "necesaria" para garantizar precios "realmente asequibles", y la conformación de "una infraestructura social estratégica, un gran parque público de vivienda".

Respecto a este último, destaca que la Comunidad Autónoma Vasca cuenta con condiciones que permiten "una respuesta de choque efectiva: escala física manejable, arquitectura institucional para la promoción y gestión de la vivienda pública, recursos financieros y mayorías políticas para una actuación coordinada en diferentes escalas institucionales".

Para su desarrollo, aboga por crear "una gran alianza de país público-comunitaria", que asuma el reto de generar y mantener un gran parque público de vivienda, entendido como una "infraestructura social estratégica", y que esté formada por Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, fundaciones bancarias y EPSVs de empleo, para promover 30.000 viviendas públicas a precio asequible en diez años.

MOVILIZAR VIVIENDA VACÍA Y RECUPERAR VIVIENDA TURÍSTICA

Según destaca, buena parte de la demanda "se puede y debe cubrir movilizando vivienda vacía, recuperando el uso residencial de las viviendas turísticas (5.000) y haciendo un uso adecuado de la redensificación urbana (20.000 viviendas)".

A ello se ha de sumar "la mayor operación de promoción de vivienda pública de la historia" con la promoción por Visesa de 10.000 viviendas sociales y de otras 20.000 residencias públicas asequibles.

Para ello, la 'Alianza por la Vivienda Asequible' se sustanciaría en una nueva entidad pública empresarial, bajo la forma de sociedad de capital y de carácter público-social: 'Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea' (EESE).

Esta entidad la constituiría el Gobierno Vasco junto a entidades del tercer sector, dando lugar a la colaboración público-comunitaria. Los socios llamados a participar por la parte social serían las tres fundaciones bancarias (BBK, Kutxa y Vital) y las EPSVs de empleo.

La constitución de esta entidad, junto al esfuerzo público que ya realiza, posibilitaría "vehiculizar capacidad de inversión suficiente para satisfacer la totalidad de la demanda" estimada en diez años. Para ello, el Gobierno Vasco aportaría 1.000 millones de euros y la parte social otros 1.000 millones.

Por parte de las tres fundaciones bancarias se haría obra social autofinanciada e invertirían 625 millones de euros en la construcción y mantenimiento de "una infraestructura social estratégica". Por su parte, las EPSVs de empleo, con un patrimonio de 32.000 millones, podrían invertir 375 millones, con la previsión de obtener una rentabilidad del 4%.

La capitalización se realizaría de forma progresiva través de sucesivas ampliaciones de capital, conforme la planificación permitiera lanzar las operaciones de promoción. EH Bildu señala que ese capital podría apalancar 1.500 millones de euros de financiación adicional por parte del ICO y el BEI. En total, se sumaría un volumen inversor de alrededor de 3.500 millones de euros.

La nueva entidad ajustaría su gestión tras la inversión pública inicial a partir de los primeros 18 meses desde su puesta en marcha, garantizando "la autosuficiencia financiera", de manera que la inversión del Gobierno Vasco no computaría a efectos de su consideración como parte de la estimación del posible déficit público.

La entidad público-social tendría como fin promover vivienda de protección oficial de régimen general y de vivienda de precio tasado, tanto en alquiler como en venta --preferentemente de alquiler y haciendo uso de la venta con el fin de garantizar la viabilidad y estabilidad financiera de la operación--, así como de vivienda en régimen de cesión de uso. Se dejaría a Visesa la promoción de VPO de régimen especial.

SUELO Y EXPROPIACIONES "EN CASO NECESARIO"

Además, esta nueva entidad compraría edificaciones para rehabilitación e inclusión en el parque público. Operaría con ánimo de lucro limitado (baja rentabilidad neta a largo plazo), y sus actuaciones se harían en suelo público, mediante la adquisición anticipada por el Gobierno Vasco (compra y cesiones, además de expropiaciones en caso necesario), y su cesión en derecho de superficie a la nueva entidad.

Extinguida la vigencia del derecho tras una concesión de 75 años, las viviendas quedarían a disposición de la administración sin coste de mantenimiento y conservación, garantizando un parque público a largo plazo.

De esta manera, se garantizarían precios asequibles, conservación del suelo público y disponibilidad de un parque público de vivienda. La política de suelo exigiría actuación coordinada de Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno Vasco, y agilización de trámites administrativos.

La nueva entidad completaría el ecosistema formado por el Gobierno Vasco, Visesa y Alokabide, "aportando el caudal financiero y capacidades materiales y operativas para dar una respuesta de choque efectiva" a la crisis.

Para ello, se rediseñarían las funciones de cada uno de los elementos del ecosistema para una "mayor eficiencia y eficacia operativa". De esta forma, se crearía "un nuevo modelo de producción estable de vivienda pública asequible: un sistema de construcción y mantenimiento de una infraestructura social estratégica como es un gran parque público de vivienda".

EH Bildu concluye que la constitución de esta 'Alianza por la Vivienda Asequible', liderada por la administración pública y custodiaría su función social, permitiría a Euskadi plantearse la misión de promover 30.000 viviendas públicas a precios asequibles en diez años, "lo que transformaría la estructura del mercado residencial, abriendo paso a un nuevo paradigma de vivienda centrado en el derecho a habitar y el bienestar colectivo".