BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
ELA criticó hoy la orden del Departamento vasco de Educación que regula los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), aprobada el 10 de junio, por considerar que "no garantiza una oferta propia completa y además sume en la incertidumbre al personal que actualmente trabaja en estas enseñanzas", alrededor de 700 personas, según sus datos.
En un comunicado, la central nacionalista afirmó que pese a que las actuaciones de los PCPI se dirigen a un tramo "fundamental" en la Educación de jóvenes entre 15 y 18 años, el Gobierno Vasco ha optado por "propiciar la privatización de su gestión y dejar en manos de empresas la definición de su oferta".
"El Departamento debiera responder al objetivo de educar ciudadanos con un desarrollo suficiente, integral y controlado, y no dejar en manos de empresas que hagan y deshagan en función de sus necesidades de mano de obra fácilmente disponible, o simplemente para que hagan dinero a costa de las necesidades educativas del alumnado y de sus familias", criticó.
A partir del curso 2008-2009 la Ley Orgánica de Educación (LOE) determinará que estos programas, hasta ahora llamados CIP (Centros de Iniciación Profesional), pasen a ser Enseñanza Reglada, un hecho, en su opinión, "positivo". ELA reclamó que "consecuentemente", el Departamento "asuma su responsabilidad a través de una oferta propia, pública y con garantías".
ELA lamentó que el Departamento vasco de Educación "abra nuevamente la puerta a la privatización y haga dejación de su responsabilidad" al publicar la Orden que regula los PCPI "sin recoger garantías fundamentales que aseguren tanto un servicio público y de calidad en este nivel de enseñanza, como el respeto de las condiciones laborales que corresponden al colectivo".
PCPI Y FP
La central recordó que ha solicitado reiteradamente que se especificara en la Orden que, en caso de no crearse nuevas necesidades o alguno de los centros actuales no continuara impartiendo los PCPI, "éstos serían ofertados por Centros Públicos preferentemente de Formación Profesional (F.P.)". "Pero no ha sido así", puntualizó.
También reivindicó que el actual personal de estos centros personal pasara a depender del Departamento, como personal laboral fijo, y que se regularizase la cuestión relativa a las titulaciones del profesorado que imparte estas enseñanzas, algo que "no garantiza" la orden publicada. "Eso sería lo lógico, considerando que se trata de Enseñanza Reglada", insistió.
También arremetió contra el hecho de que "ni siquiera se ha especificado, como procedería en lo que a la plantilla se refiere, que los convenios de aplicación deben ser el acuerdo docente para los centros públicos o incluso el Udalitz, y el convenio colectivo de centros concertados para el resto de centros".
Para ELA, la Orden está "llena de agujeros negros, que no auguran nada positivo para los bolsillos de las familias ni para la educación de buena parte de la juventud de la Comunidad Autónoma, y que llena de incertidumbre a un colectivo importante de trabajadoras y trabajadores del sector educativo".
