BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscal Provincial de la Audiencia de Bizkaia, Carmen Adán del Río, ha archivado la investigación del 'caso Pinosolo' al no quedar acreditada la acusación realizada por el PP contra el que fuera alcalde de Leioa, Eneko Arruebarrena, y el concejal de Cultura y Deportes, Jon Loizaga, por supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación de las obras del polideportivo Pinosolo.
En un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la representante del ministerio público ha decidido el archivo de las diligencias después de ocho meses de investigación por su parte y por la de la Policía Nacional, que ejerció las tareas de Policía Judicial, periodo durante el cual se pidió numerosa documentación y se tomó declaración tanto a los denunciados como a funcionarios del Ayuntamiento, responsables políticos y empleados de empresas.
De esta forma, considera que no hay pruebas de que se haya cometido ninguna infracción penal por parte de Arruebarrena y Loizaga, como apuntó el secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, que presentó en la Fiscalía denuncia el 28 de noviembre de 2014 contra estos exresponsables municipales.
En su denuncia, Ruiz consideró que hubo "una concertación" entre la mercantil Arcain, encargada de la redacción de proyectos y la dirección de obras de urbanización de Leioa, y la mercantil Aros-Vda de Sainz, "para que ésta última fuera beneficiada con una concreta adjudicación del Ayuntamiento".
Ruiz consideró que existía tal concertación de intereses entre ambas mercantiles por "la coincidencia" entre los planos existentes en el proyecto previo a la licitación, realizado por Arcain, y los presentados por Aros, en la licitación pública abierta por Leioa Kirolak SAU. Finalmente, Aros fue la adjudicataria del concurso.
La denuncia apuntaba como presuntos partícipes "de dicha concertación de intereses" a los entonces alcalde y concejal de Deportes "porque, una vez conocida la irregularidad, es decir, la coincidencia de proyectos, en lugar de paralizar el proceso de licitación y esclarecer lo ocurrido, continuaron las actuaciones hasta la definitiva adjudicación del concurso a la empresa Aros.
Para argumentar la supuesta comisión de estas irregularidades, el PP aportó dos indicios, el apartamiento "deliberado" de la oficina técnica y la existencia "de viajes y desplazamientos entre miembros del equipo municipal y de la empresa adjudicatoria, no abiertos a otras empresas que pudieran tener igual interés", lo que, en su opinión, "avala una adjudicación a dedo, sin respetar las normas aplicables al procedimiento administrativo de adjudicación".
De esta forma, el dirigente popular consideraba que se causó "un menoscabo para los fondos municipales de 1,6 millones de euros, a pesar de haberse procedido posteriormente a sus suspensión administrativa". Por ello, denunció, de forma genérica, que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.
La Fiscal, que ahora ha determinado que no se ha acreditado la comisión de hechos delictivos, abrió diligencias de investigación. En este sentido, estableció que, en la jurisdicción penal y en este caso en concreto, sólo era posible examinar la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de prevaricación.
Para determinarse que se cometió este hecho delictivo, señaló que debía acreditarse que "el funcionario público que interviene en el procedimiento de adjudicación y contratación, tiene conciencia de la ilegalidad manifiesta de que una parte en la licitación conoce o tiene información relevante que le suponga ventaja respecto al resto de licitadores, continuando con el procedimiento y realizando las actuaciones precisas para proceder a una adjudicación predeterminada".
De ser así, segçun indicó, se causaría una lesión "del correcto funcionamiento de la Administración Pública y, en general, del interés público, al conculcar los principios de igualdad, legalidad y objetividad".
SIN CONCIERTO
En su decreto de archivo, la Fiscal Provincial afirma que "lo investigado durante ocho meses en estas diligencias no ha aportado acreditación suficiente de conciertos" entre las empresas como los que denuncia el PP.
En cuanto a la denuncia de que se prescindiera de la oficina técnica, Carmen Adán señala que en la investigación "queda constancia de que miembros de la oficina técnica estaban en la mesa de contratación, por lo que el apartamiento no puede considerarse totalmente acreditado". Asimismo, destaca que existen otros proyectos del Ayuntamiento, diferentes a éste, "en los que la oficina técnica no ha participado".
También cree que la decisión de externalizar el asesoramiento técnico "no puede ser considerada una decisión unilateral del alcalde y el concejal delegado, cuando consta que es el Consejo de Administración de Leioa Kirolak SAU, en su totalidad (incluidos, no sólo los representantes políticos, sino también el director de instalaciones deportivas, la interventora, el secretario municipal, etc) el que acuerda que, para informar de las ofertas del concurso se hace preciso recabar el asesoramiento técnico, no de la propia oficina técnica, sino contratar los servicios de una empresa experta".
También se refiere a los viajes en los que participaban empresas privadas, algunas de ellas posteriormente adjudicatarias, y en concreto, en aquellos en los que participaban responsables de la empresa adjudicataria Aros y profesionales relacionados con ellas, se constata en la investigación que "entra dentro de lo habitual realizar viajes y visitas a instalaciones derivados de la actividad de cada Concejalía".
Según señala, posteriormente, "la revisión de su conveniencia, proporción, justificación, número de personas o el gasto que supone, corresponde, de inicio, a quien autoriza dicho gasto y, posteriormente, a las instancias administrativas de control y al Tribunal de Cuentas".
Además, Adán cree que estos viajes no son indicativos de "concierto alguno". Además, los testigos citados a declarar señalaron que los viajes, en ocasiones, los pagaba Arcain y, luego, los facturaba el Ayuntamiento, pero, en todo caso, "no conocen" que se sufragaran los realizados por "personas ajenas".
De esta forma, la Fiscal afirma que, "por razón del resultado de las diligencias practicadas, no quedan acreditadas, con las exigencias propias del procedimiento penal, indicios suficientes para continuar la investigación o presentar denuncias, por lo que se acuerda el archivo de las diligencias de investigación".
La denuncia interpuesta en su día por el PP, provocó que el PNV diera por roto el principio de acuerdo presupuestario al que habían llegado en Bizkaia ambas formaciones.
