BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno local del Ayuntamiento de Barakaldo llevará al Pleno ordinario de este jueves una propuesta para asumir la resolución de todos los expedientes sancionadores que se tramiten a propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas, con el objetivo de "poner fin a la confusión provocada por la existencia de tres normativas estatales o autonómicas diferentes en esta materia".
A lo largo del año pasado, la Policía Local levantó 14 actas por la infracción de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, por cuestiones como no tener la correspondiente licencia, dejar suelto al animal o hallarse el perro en la vía pública sin bozal. Esta cifra supone una reducción de cuatro expedientes con respecto a 2012.
Según ha explicado el Gobierno local, "estas multas se han estado tramitando, si bien en el caso de las infracciones graves o muy graves -sancionadas con una multa de entre 300 a 15.025 euros- el proceso se estaba dilatando demasiado en el tiempo al existir la necesidad de resolver la contradicción que había entre normas de diferente rango".
En este sentido, ha detallado que, en caso de "aplicarse en su literalidad" la ley 6/1993, de 29 de octubre Protección de los Animales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la competencia de resolver los expedientes sancionadores graves o muy graves sería del Pleno del Ayuntamiento o de la Diputación Foral. En el caso de seguir la regla específica contenida en el artículo 29.2 del Decreto del Gobierno vasco 101/2004, de 1 de junio, sobre la tenencia de canes, la competencia correspondería a "la autoridad municipal".
La propuesta que se llevará al próximo Pleno fue tratada el pasado viernes en la Comisión Informativa de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, donde el concejal delegado del área, Juan Carlos Justo, explicó la "controversia legal existente" y la necesidad de delegar en un único órgano la resolución de las multas.
AGILIZAR LAS SANCIONES
"El alcalde, Alfonso García, tiene especial interés en agilizar la tramitación de este tipo de sanciones, porque es un asunto que afecta a la seguridad ciudadana. Ninguna infracción de un propietario de un perro de raza potencialmente peligrosa debe dilatarse mucho en el tiempo solo por la existencia de diferentes normativas. Ha de ser sancionarse de forma casi inmediata", ha indicado el edil.
La iniciativa plantea que la competencia recaiga sólo sobre el propio alcalde, como ocurre con la resolución de otro tipo de sanciones, "lógicamente a propuesta de un técnico municipal y tras una denuncia de la Policía Local".
