Gobierno vasco defiende investigar y mantener viva la memoria democrática por las víctimas que reclaman justicia

Justicia y Derechos Humanos presenta el informe de la investigación de "La Bodega", antiguo centro clandestino de tortura en Colombia

El viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, en la presentación del informe final de la investigación sobre "La Bodega"
El viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, en la presentación del informe final de la investigación sobre "La Bodega" - IREKIA
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 19 noviembre 2026 12:28

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, Alfonso Gómez, ha defendido que "preservar las evidencias, investigar los hechos y mantener viva la memoria democrática es una responsabilidad compartida, tanto en Euskadi como en cualquier lugar donde las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación".

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero han presentado este jueves el informe final de la visita realizada a "La Bodega", un antiguo centro clandestino de detención, tortura y asesinato utilizado por grupos paramilitares en Barranquilla durante los años más duros del conflicto colombiano.

En la rueda de prensa han participado el viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, el médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) Benito Morentín y una de las relatoras del informe, la antropóloga social y representante de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, Silvia López Rodriguez.

La presentación recoge los resultados de la labor desarrollada entre el 28 de enero y el 8 de febrero de 2026 por una delegación vasca integrada en una Comisión Internacional que participó en las actuaciones impulsadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia para avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en "La Bodega".

En el marco de esta investigación, la Fiscalía colombiana designó al forense vasco Benito Morentín como perito del caso para realizar un nuevo análisis conforme al Protocolo de Minnesota, en reconocimiento a su experiencia especializada. La inspección judicial del inmueble se llevó a cabo el 5 de febrero con el objetivo de "recabar nuevas evidencias y contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos", según han indicado en la presentación.

El viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, ha explicado que la implicación de Euskadi en esta iniciativa forma parte de un compromiso que tiene el Gobierno Vasco "con la defensa de los derechos humanos, la memoria y la reparación de las víctimas". "La búsqueda de la verdad constituye un derecho de las víctimas y una condición imprescindible para construir sociedades democráticas basadas en la justicia y las garantías de no repetición", ha dicho.

Desde Euskadi, ha añadido, "queremos contribuir, a través de nuestras capacidades institucionales y técnicas, a los procesos que persiguen el esclarecimiento de graves vulneraciones de derechos humanos". En ese sentido, ha destacado que la participación del Instituto Vasco de Medicina Legal, dependiente del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, en esta investigación "da continuidad a ese mismo compromiso, poniendo el conocimiento técnico al servicio de la verdad, la justicia y la reparación".

Alfonso Gómez ha precisado que el Departamento desarrolla iniciativas de acompañamiento y reconocimiento a víctimas cuyos casos siguen pendientes de esclarecimiento, porque "preservar las evidencias, investigar los hechos y mantener viva la memoria democrática es una responsabilidad compartida, tanto en Euskadi como en cualquier lugar donde las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación".

PARTICIPACION DEL IVML

Por su parte, el médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) Benito Morentín ha presentado las conclusiones de la revisión técnico-forense realizada en el marco del proceso. Para Morentín, esta misión tiene un "significado especial" porque se trata de la participación del IVML en una investigación de derechos humanos fuera de Euskadi, en concreto, en el caso de lesa humanidad de Jorge Adolfo Freytter, coincidiendo con el 25 aniversario de su asesinato.

Ha explicado que las conclusiones del análisis sugieren que la lesión por arma de fuego podría no haber sido la causa directa de la muerte de Jorge Adolfo Freytter, profesor universitario, abogado y sindicalista, fue secuestrado en Barranquilla el 28 de agosto de 2001 y hallado sin vida al día siguiente, lo que "abre la puerta a nuevas hipótesis sobre lo sucedido".

Además, ha subrayado que "la ausencia de lesiones visibles no significa necesariamente que no haya existido tortura", por lo que ha defendido la importancia de revisar este tipo de casos cuando surgen nuevos testimonios, pruebas o avances técnicos que puedan contribuir a esclarecer los hechos.

En este sentido, ha destacado el valor de los Protocolos de Minnesota y de Estambul como referencias internacionales para la investigación de posibles ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura. Además, ha puesto en valor la participación de expertos independientes en casos de vulneración de derechos humanos porque aporta rigor y objetividad a estos procesos y contribuye a avanzar en la búsqueda de la verdad, garantizando el derecho de las víctimas y sus familias a conocer lo ocurrido.

Asimismo, una de las relatoras del informe, la antropóloga social y representante de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, Silvia López Rodríguez, ha explicado que según las conclusiones de la investigación sobre "La Bodega", este es "un espacio clave para esclarecer lo ocurrido y mantener viva la memoria de la violencia paramilitar y estatal sufrida en Barranquilla".

Según ha indicado, diversas investigaciones apuntan a que este lugar tuvo "un papel relevante en las acciones de estructuras paramilitares en la región Caribe colombiana", por lo que ha reclamado su protección y preservación como un espacio de memoria para las víctimas.

López Rodríguez ha recordado que Colombia cuenta con instrumentos jurídicos como la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Colombia, pero ha dicho que "siguen siendo necesarias medidas urgentes que permitan avanzar en la verdad, la justicia y la no repetición".

En este sentido, ha reclamado "una gestión coordinada y participativa que ayude a superar los obstáculos administrativos e institucionales que aún dificultan el esclarecimiento de lo ocurrido hace 25 años en el caso de Jorge Adolfo Freytter".

A su juicio, "la falta de coordinación entre las instituciones implicadas y los riesgos del negacionismo siguen frenando el esclarecimiento de los hechos".

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