Gobierno Vasco denuncia que el TSJPV dé el "salto grave" de cuestionar la constitucionalidad de la ley de Empleo Público

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha considerado un "salto grave" que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) plantee la posibilidad de elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre un artículo de la Ley vasca de Empleo Público, relativo a la asignación de perfiles lingüísticos, una decisión "excepcional" que "cuestiona el marco jurídico para garantizar un servicio público bilingüe".

En declaraciones a los medios en Bilbao, Bengoetxea ha realizado una primera valoración sobre la decisión "excepcional y además sorprendente" del TSJPV, "recibida recientemente", en relación a los recursos presentados por PP y Vox contra el Decreto de Gobierno Vasco de 2024 para la normalización del uso del euskera en el sector público.

Según ha explicado la vicelehendakari, "el Tribunal Superior de Justicia, en lugar de responder a esos recursos, ha elevado al Tribunal Constitucional el contraste de si nuestra Ley de Empleo Público resulta constitucional o no" en su artículo 187.5.

Este artículo, en concreto, recoge que todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, "determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin".

La consejera de Cultura y Política Lingüística ha recordado que ha habido "muchas sentencias sobre OPE concretas", en las que los tribunales se han posicionado en contra de los perfiles lingüísticos, pero ha subrayado que "dar el salto a que nuestra Ley de Empleo Público no se ajuste a la Constitución es grave".

Así, ha lamentado que supone "cuestionar el marco jurídico de que se han dotado las administraciones públicas vascas para garantizar un servicio público bilingüe a la ciudadanía" y también "pone en tela de juicio el trabajo realizado a lo largo de las últimas décadas para poder tener un servicio público que dé respuesta a los derechos lingüísticos" de los ciudadanos.

Por ello, según ha anunciado, el Gobierno Vasco ha presentado alegaciones ante este planteamiento del tribunal, "indicando que nuestra ley es perfectamente constitucional y que esta cuestión no tiene sentido".