Gobierno vasco encarga una auditoria para conocer el estado de los expedientes de RGI enviados por Bizkaia

Rueda De Prensa Del Consejo De Gobierno Vasco
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 26 junio 2012 17:04

VITORIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha anunciado que su ejecutivo va a encargar una auditoria para conocer el estado de los expedientes de perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI)enviados por la Diputación de Bizkaia y conocer así "de cuánto eran los retrasos acumulados por cada expediente".

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Mendia ha hecho referencia a la polémica suscitada por el "retraso" en el envío de expedientes de perceptores de RGI por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, tras la asunción de la gestión íntegra de las prestaciones sociales por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide denunció hace unas semanas que los expedientes entregados hasta la fecha por la Diputación Foral de Bizkaia "acumulan una media de demora en la resolución de entre siete a ocho meses" y que, incluso, el personal de Lanbide se había encontrado "con decenas de casos que superan el año de demora".

Mendia ha defendido que el "retraso" del traslado de expedientes es un tema "importante", ya que se trata de un derecho "subjetivo" para las personas que no tienen ingresos y que solicitan esta ayuda, así como para el "prestigio" del sistema "por el que este Gobierno ha estado peleando todo este tiempo".

"No queremos un enfrentamiento institucional, lo que buscamos es acreditar la verdad", ha defendido. Al respecto, ha anunciado que se va a encargar una auditoria para conocer "en qué estado llegaron los expedientes y de cuánto eran los retrasos acumulados por cada expediente".

"Hablamos de los expedientes con los que la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, se fotografió y que afectan a 15.000 personas. No hablamos de papeles, sino de personas con necesidades", ha subrayado.

EXPEDIENTES EMBALSAMADOS

La portavoz ha lamentado que se trata de expedientes que han estado "embalsamados" durante mucho tiempo y que Lanbide ha ido recibiendo "a cuenta gotas, lo que ha perjudicado a muchas personas".

"El Gobierno vasco se ha visto obligado a pagar 13 millones de euros por los retrasos acumulados que, en algunos casos, han pasado dos años desde que el ciudadano solicita la ayuda hasta que se resuelve", ha indicado.

Por otros lado, ha defendido que la gestión de Lanbide está demostrando que había "determinadas lagunas" a la hora de gestionar la RGI y ha anunciado que "lógicamente" cuando la persona no cumple los requisitos, no recibirá la RGI.