Asegura que no desbordará el marco legal vigente y operará, en todo momento, dentro de "la insoslayable supervisión judicial" que no quiere "esquivar"
VITORIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno Vasco remitirá a los grupos parlamentarios un informe
elaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo para impulsar una Ley antipandemia que dé seguridad jurídica a las medidas que adopten de urgencia las instituciones de Euskadi ante situaciones como la vivida con la covid-19. En todo caso, esta nueva norma "no desbordará" el marco legal vigente y operará, en todo momento, dentro de "la insoslayable supervisión judicial", que no se pretende "esquivar", según ha asegurado este martes la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Iñigo Urkullu ha elaborado un informe que analiza el contexto para la elaboración de una Ley sobre el régimen de la gestión en situaciones de crisis de salud pública, que se fecilitará a los partidos políticos con representación parlamentaria.
Se trata de una opinión legal de referencia en torno a la idoneidad de la elaboración de una nueva norma que afiance o incremente las garantías jurídicas de las medidas para afrontar situaciones como la pandemia de la covid-19 y, además, clarifique las herramientas a disposición de las instituciones ante la pandemia.
La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria tras el Consejo de Gobierno semanal y ha explicado los aspectos principales del informe jurídico elaborado por el Servicio Jurídico Central sobre la viabilidad de una ley integral anticovid que atienda a "las necesidades internas" de Euskadi en esta materia.
Garamendi ha explicado que las habilitaciones con las que las autoridades sanitarias y el poder ejecutivo, en su conjunto, actúan tienen como base expresiones amplias, "poco concretas", que permiten amplias posibilidades de actuación y margen de interpretación.
ORDENAR ACTUACIONES
En este sentido, considera que una nueva Ley podría ser "un instrumento práctico y de influencia", y constituiría una herramienta "eficaz para ordenar" el comportamiento y las actuaciones de instituciones, agentes públicos y privados y la ciudadanía.
En definitiva, con esta norma, se pretende reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones anticovid de las instituciones vascas; ordenar y clarificar los ámbitos de actuación posibles; y propiciar una mayor comprensión social y claridad sobre las medidas adoptadas.
Olatz Garamendi ha destacado que corresponde a las instituciones vascas ocuparse de la primera línea de actuación y responsabilidad en la gestión de la pandemia porque "tienen experiencia, sostén legal y los instrumentos prácticos y jurídicos para actuar de forma inmediata y eficaz".
SIN DESBORDAR EL MARCO LEGAL
En todo caso, ha aclarado que este nuevo régimen jurídico de gestión de alerta sanitaria operará en todo momento dentro de "la insoslayable supervisión judicial" de control de la actuación administrativa. Se trata de una Ley que se impulsará para que "atienda a las necesidades internas" de la Comunidad Autónoma Vasca, que "no desbordaría el marco legal vigente" estatal ni vasco que regula la salud pública.
Garamendi ha señalado que el estado de alarma "no impide" una nueva
regulación autonómica vasca, en todo caso sería "complementaria". Además, ha precisado que el estado de alarma "representa una pequeña parte, aunque importante, de las soluciones jurídicas, colectivas y particulares que requiere la atención a la pandemia".
La consejera ha subrayado que "se trata de exprimir al máximo" el ámbito competencial vasco, "sin injerencia alguna en el espacio de los
derechos fundamentales y sin poner en duda el alcance" de las herramientas legales de las que dispone hasta ahora.
Asimismo, considera que podría aportar soluciones legislativas para hacer frente a las graves consecuencias económicas derivadas de la pandemia mediante compensación o indemnización de perjudicados, creación de fondos o líneas de ayuda específicas o asignación de incentivos públicos para la regeneración de empresas y negocios.
