Ibarra (TSJPV) dice que reformar el Estatuto "solo con la visión de una parte de la sociedad, ya es un déficit"

Publicado 14/10/2018 11:01:23CET

Aboga por un acuerdo "transversal" en Euskadi y dice que hablar de ciudadanía y de nacionalidad es "muy arriesgado, en el peor sentido"

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, afirma que reformar el Estatuto de Autónoma "solo con la visión de una parte de la sociedad, ya es un déficit", y aboga por un acuerdo "transversal" en Euskadi, a la vez que advierte que hablar de ciudadanía y de nacionalidad es "muy arriesgado, en el peor sentido".

En una entrevista concedida al diario 'El Correo', recogida por Europa Press, Ibarra se refiere al acuerdo de PNV y EH Bildu para el nuevo Estatuto y dice que "lo importante es que si no han podido alcanzar un consenso más allá de estas dos fuerzas políticas es porque una buena parte de la población no está de acuerdo con el sesgo identitario que se le quiere dar".

Así, subraya que el Estatuto de autonomía "forma parte del bloque de la constitucionalidad y la idea de un consenso transversal no es gratuita". "Va a ser la norma de convivencia de todos, luego si se inicia con un acuerdo que se proyecta solo con la visión de una parte de la sociedad, ya es un déficit", reitera.

Preguntado por la distinción que se hace entre ciudadanía y nacionalidad en la propuesta acordada por PNV y EH Bildu, Ibarra considera "muy difícil de entender la distinción entre ciudadanos y nacionales, y, por tanto, muy arriesgada en el peor sentido de la palabra". En su opinión, "cuando se distingue es para definir contenidos distintos" y "ahí no nos tenemos que engañar, una noción de ciudadanía en cualquiera de los estados miembros que no se corresponda con la de nacionalidad es una manera de designar a la persona extranjera".

En relación a la propuesta de un consejo del poder judicial vasco, Ibarra indica que "el gobierno del poder judicial no es disponible para el Estatuto de autonomía porque las transferencias que se dan son las máximas que permite la Constitución. Y están ya transferidas". Otra cosa, añade, es "si puede haber un sistema de Justicia en España que sea confederal, es decir, que haya tantos tribunales supremos como comunidades autónomas", lo que "requeriría una Constitución confederal, y no la tenemos y no parece que en el horizonte esté esa idea", por lo que "esa propuesta no tiene viabilidad en el actual sistema".

Además, afirma que el Estado de las autonomías "hacia donde camina es hacia la federalización, no hacia la confederalización" e indica que, en un Estado federal "siempre hay un Tribunal Supremo que es el que unifica doctrina". En cualquier caso, señala que "lo que sí que hemos aprendido del caso catalán es que la Constitución no se modifica en los estatutos de autonomía".

En referencia a la situación de Cataluña y preguntado si puede la Justicia acabar con el problema catalán, Ibarra indica que los jueces están "comprometidos en hacer guardar la Constitución, pero eso no es solucionar problemas". A su entender, se ha puesto sobre los jueces una responsabilidad que "corresponde" a los políticos.

Sobre la petición del PDeCAT y ERC al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la negociación presupuestaria de que los fiscales cambiaran las peticiones de pena para los políticos catalanes presos, Ibarra cree que es "una barbaridad". Según remarca, la Fiscalía tiene "unos principios que determinan que sus criterios de actuación sean la imparcialidad y la autonomía".

"Existe una jerarquía, sí. El Gobierno lo que puede hacer es dirigirse a la Fiscalía para que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. Pero esto es otra cosa. En términos jurídicos no puede llegarse a un acuerdo político que determine la calificación jurídica que vaya a hacer el fiscal", advierte.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, Ibarra considera que los protocolos en casos de violencia de género son "insuficientes", a la vez que mantiene que el pacto de Estado es "una reflexión espléndida sobre cómo hay que abordar esta cuestión".

Tras señalar que "las políticas se van afinando a partir de la aprobación en 2014 del Convenio de Estambul", afirma que "aún hay carencias". "Hablamos de tres ámbitos: prevención y sensibilización, detección y protección. Los jueces se ocupan del tercero, que es cuando se produce una denuncia. Si la fase que corresponde a las Fuerzas de Seguridad del Estado hay deficiencias e incluso fracasos, es muy difícil que se pueda arreglar después", dice.

Sobre la adopción de medidas cautelares por parte de los jueces, precisa que el juez "no actúa sobre la intuición, no puede adoptar medidas que no estén respaldadas por hechos que sean indicativos de un riesgo".

En el caso concreto del asesinato en Bilbao de Maguette Mbeugou a manos de su expareja, indica que "la persona que tomó la decisión sobre la orden de alejamiento no tuvo a su disposición esos datos que son indicativos del riesgo". "Es más, si a mí me hubiese tocado valorar ese caso, yo tampoco habría dado esa orden de protección. Hubo una insuficiencia de datos. Hay que incidir en cómo se confeccionan los atestados policiales, cómo se recoge toda la información que va a necesitar el juez", reconoce.

En ese sentido, insiste en que los protocolos que manejan, "tanto a nivel judicial como en las comisarías, son insuficientes, sobre todo cuando hablamos de una violencia que va en escalada", y cree que "hace falta una actualización" porque existe "una unidad de valoración urgente, pero está atascada" y donde hay "un gran margen de mejora es en la detección y en el traslado de los datos a la administración de justicia".

En cuanto a la forma de abordar la protección de los hijos, señala que "las medidas de detección y protección tienen que ser todavía más rigurosas" y recuerda que en el pacto de Estado "se hacen propuestas muy concretas en este ámbito". "Las medidas están identificadas, lo que se necesita es pisar el acelerador. Ya en los Presupuestos de este año debería haber aparecido una partida contundente para la lucha contra la violencia de género, y no lo ha hecho. Tampoco sabemos si va a haber Presupuesto o no para el año que viene. Llevamos ya más de un año de retraso", advierte.