El Gobierno autonómico impulsa una ley que reorganiza sus servicios jurídicos
VITORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco reorganizará los servicios jurídicos de la Administración autonómica a través de una nueva ley que actualizará la normativa vigente sobre esta materia, que fue aprobada hace 30 años. Esta norma permitirá que las instituciones que tengan que ir a juicio puedan recurrir a abogados públicos para su defensa, lo que les ahorrará gastos en bufetes privados.
El Ejecutivo ha aprobado este martes el 'Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno vasco', un texto que afecta a los más de 200 letrados y asesores jurídicos que trabajan para los organismos dependientes del sector público.
La ley establece que el Servicio Jurídico Central es el centro directivo superior. Las 32 personas que lo componen tienen el nivel más elevado de todos los servicios jurídicos de la Administración Pública y están habilitadas para ejercer las funciones de letrado. Por tanto, además de la función asesora, este servicio jurídico está habilitado para la defensa en juicio de los intereses del Gobierno o de las personas que trabajan en él.
Una de las principales novedades que incluye el texto respecto a este servicio es la creación, vía decreto, de la 'Especialidad de Letrado' dentro del cuerpo de funcionarios, con la que el Gobierno vasco quiere "garantizar la continuidad y el relevo generacional de este servicio tan cualificado".
Este personal letrado está habilitado para llevar la defensa en juicio de la Administración Pública vasca en todas las instancias jurisdiccionales, incluidos el Tribunal Constitucional y los órganos de carácter supranacional e internacional, además de los procedimientos arbitrales y parajudiciales.
A partir de la aprobación de la ley, además, otras instituciones públicas vascas y entes -siempre que sean del sector público vasco o de naturaleza participada- podrán firmar convenios de colaboración y cooperación para que el Servicio Jurídico Central les asista.
De esta manera, las instituciones públicas vascas y entidades del sector público que hasta ahora contrataban su defensa en juicio con despachos privados, podrán también optar por este servicio público profesional, opción que "rentabilizaría más los recursos públicos, permitiendo soluciones eficientes", según el Gobierno autonómico.
Además, la ley regula por primera vez los aspectos propios de la función contenciosa igual que la abogacía del Estado o los bufetes privados en cuanto a la representación o postulación, las costas procesales, el ejercicio de acciones o la interposición de querellas.
CONFLICTOS DE INTERESES
Cuando en la defensa en juicio pueda producirse una situación de contraposición de intereses, el Servicio Jurídico Central deberá denegar la defensa en juicio a la entidad pública o participada.
La ley establece que este servicio no podrá representar, ni defender a las autoridades, ni al personal trabajador del Gobierno, organismos o entes del sector público cuando haya un conflicto de intereses con la propia Administración vasca.
La norma contempla la creación de la Junta de Coordinación Jurídica, un órgano nuevo en el que tendrán representación los letrados del Servicio Jurídico Central y los asesores o letrados de las Asesorías de los departamentos y entidades institucionales.
