BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, consideró hoy que la decisión del Gobierno de Zapatero sobre el preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, a quien ha concedido la prisión atenuada y ha trasladado al Hospital Donostia, tiene "cobertura legal" porque ha aplicado la legislación penitenciaria.
Durante la rueda de prensa posterior a la primera jornada de "Informar en Justicia", celebrada en el Palacio de Justicia de Bilbao, Saavedra eludió pronunciarse sobre si la resolución del Ejecutivo "es ajustada a Derecho o no" porque ello "implicaría conocer el asunto a fondo, estudiarlo y tomar una decisión". "Pero el Gobierno ha aplicado la legislación penitenciaria, que está actualmente en vigor y, mientras no haya un tribunal que diga lo contrario, esa decisión es ejecutiva", aseveró.
A su juicio, "existe una cobertura legal en el Reglamento de la Ley Orgánica General Penitenciaria" a la actuación gubernamental y recordó que "se ha dado cuenta al juez de Vigilancia" y éste "ha dictado un auto dándose por enterado", sin poner impedimentos.
Tras subrayar que el reglamento penitenciario contempla "cumplimientos extrapenitenciarios en determinados centros normales, hospitalarios, y esto está sujeto a decisión de las autoridades penitenciarias y de los médicos", manifestó que, de esta manera, "es posible el traslado de un interno a un centro extrapenitenciario hospitalario".
Por ello, insistió en que existe "una cobertura" legal en la decisión del Gobierno y que, de interponerse recurso por la Fiscalía, "ya se vería si eso es correcto y ya se verificaría su legalidad".
"En principio, existe esa posibilidad y esa cobertura en el Reglamento de la Ley Orgánica General Penitenciaria", señaló para explicar que hablar de prisión atenuada y de la situación de un interno que es trasladado a un centro extrapenitenciario hospitalario, "puede producir una cierta confusión, pero, al final, es lo mismo".
Además, destacó que "la prisión atenuada tampoco es una forma de cumplimiento de la pena que tenga unos contornos muy precisos en la legislación penal y penitenciaria".
Juan Saavedra rechazó entrar a valorar la decisión del Ejecutivo porque "los jueces no valoramos las decisiones del Gobierno al impedirlo la Ley Orgánica". "Pero, en todo caso, nosotros tomamos una decisión y, a partir de ese momento, el Gobierno tiene la capacidad para decidir lo más conveniente desde el punto de vista de la Administración penitenciaria", apuntó.
CRITICAS POLITICAS
En su opinión, "no cabe que un poder haga crítica o examine desde un plano político la actuación del otro" porque sería "como si el Poder Ejecutivo o Legislativo arremetiese contra una sentencia dictada por el Tribunal Supremo".
"Los poderes entre nosotros no podemos hacerlo porque se desequilibra el funcionamiento del sistema y yo estoy aquí como presidente de la Sala Segunda, no como ciudadano normal que puede emitir opiniones políticas", añadió.
