Le trasladará los informes sobre Bravo e Izagirre que presentó a la institución foral "hace un año" sin que haya hecho "nada"
SAN SEBASTIAN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato LAB ha solicitado reunirse con la Fiscalía de Gipuzkoa para pedirle que investigue la "posible prevaricación" de los actuales responsables de la Diuptación en el caso del presunto fraude del fisco guipuzcoano en Irun y trasladarle los informes sobre esta causa que hace un año presentó a la institución foral y el que también al Parlamento guipuzcoano en los que se recogían "pruebas suficientes" para abrir expediente a Víctor Bravo y Rufino Izagirre, a pesar de lo cual "no se ha hecho nada".
El miembro de la comisión sobre el fraude de la Hacienda de Irun de LAB Joxean Urkiola, acompañado del responsable de intervención en la federación de servicios públicos del sindicato, Txomin Lorca, así como de su secretario general adjunto, Xabier Garnika, anunció que han solicitado reunirse con la Fiscalía de Gipuzkoa para pedirle que investigue "la posible prevaricación de los actuales responsables de la Diputación en esta causa", puesto que "conocían los hechos y no han hecho nada".
Urkiola recordó que LAB ha estado "dando pasos" desde que se conoció este presunto fraude para "esclarecer" el mismo y "depurar todas las responsabilidades políticas" en el mismo, para ello se presentó como acusación popular, utilizó la vía administrativa, convocó una manifestación y concentraciones y trasladó documentos en los que "se demuestra la implicación de Víctor Bravo y Rufino Eizagirre en casos concretos de incompatibilidades" con sus cargos.
Bravo, ex director general de la Hacienda guipuzcoana; a Rufino Eizagirre, socio de Víctor Bravo y jefe de la oficina técnica del gabinete del entonces diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri; y otras cuatro personas, entre ellas la mujer de Bravo, fueron denunciados, recientemente, por la Fiscalía provincial por su presunta participación en cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.
El sindicalista indicó que LAB presentó "hace un año" la "solicitud de incoación de expediente de Víctor y Rufino", pero la Diputación ha "guardado silencio" durante este tiempo, y ahora, la denuncia de la Fiscalía "confirma" lo denunciado por el sindicato, que "hay responsabilidades políticas" en este caso, "a pesar de que nadie pague" por ello.
Urkiola explicó que en su reunión con la Fiscalía le trasladará "los datos" de los que dispone, y que ya dio, "hace un año", a la Diputación y también a las Juntas, sobre estos hechos. Según explicó, el objetivo es que "paguen todos los que tienen responsabilidades políticas y penales" en este presunto fraude, que "se devuelva el dinero robado a la sociedad guipuzcoana", y que se de "un cambio de modelo institucional y de fiscalidad", puesto que el actual "favorece a los de siempre y el fraude".
Por su parte Lorca se refirió al proceso administrativo iniciado por LAB al considerar que se daba "un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades" por parte de Bravo y Izagirre que tenían "responsabilidad en empresas privadas"; que "algunas personas lo permitieron"; y encima los anteriormente citados, "uno sigue en excedencia y otro cobrando el sueldo de la Diputación"; pero "lo único que ha habido por parte de la institución foral al recurso de alzada" presentado por el sindicato ha sido "la callada por respuesta".
"Habría que preguntar a la Diputación por qué no ha tomado ninguna medida" en un asunto "que le compete directamente", apuntó. Por otro lado, apuntó que en el informe que LAB presentó hace un año a la Diputación ya se mencionaba "la necesidad de investigar a la empresa catalana Glass", vinculada a Bravo e Izagirre y que al parecer aparentó tener su sede fiscal en San Sebastián para acogerse a beneficios fiscales reservados a empresas del territorio histórico, lo cual está siendo investigado ahora por la Fiscalía.
"Ante la no actuación de la Diputación foral", insistió, que se trasladará este documento a la Fiscalía para que estudie "las posibles implicaciones de los responsables políticos de la Diputación y su negativa a iniciar el correspondiente expediente contra Bravo e Izagirre".
EMPRESAS
Además, anunció que LAB pedirá que se investigue "a todas las empresas que tienen o han tenido relación" con estos dos imputados, "todas las que tenían domicilio social en la avenida Tolosa 11 de San Sebastián y especialmente la asesoría Alt Norte, que ha cambiado de nombre y ahora se llama Cialt Asesores".
A su juicio, este grupo de empresas, y la citada asesoría, "en la que trabajan un gran número de personas procedentes de la Hacienda foral, ha actuado y puede seguir haciéndolo como una Hacienda foral dentro de esta" para "propiciar técnicas de ingeniería fiscal e influir en las decisiones administrativas". Asimismo, Lorca indicó que se solicitará que se "investigue todos los negocios" vinculados a Bravo e Izagirre en "España y Europa", comenzando, por ejemplo, "por la delegación que casualmente Cialt tiene en Rumania", donde en los últimos años se han incrementado las inversiones inmobiliarias.
Finalmente, Garnika reiteró que se debe llegar "hasta el final" de esta trama y llevar a cabo "medidas correctoras para que estos hechos no se vuelvan a repetir".
