La nueva ley vasca del Consumidor permitirá a Kontsumobide acordar indemnizaciones a los consumidores

Olga Santamaría (directora de Kontsumobide), Sonia Pérez (consejera de Consumo de Gobierno Vasco) y Asunta de la Herrán (asesora jurídica)
Olga Santamaría (directora de Kontsumobide), Sonia Pérez (consejera de Consumo de Gobierno Vasco) y Asunta de la Herrán (asesora jurídica) - EUROPA PRESS
Publicado: jueves, 19 septiembre 2019 12:44

BILBAO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco espera aprobar a mediados de 2020 la nueva Ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi, cuyo anteproyecto recoge medidas como la posibilidad de que el instituto Kontsumobide pueda acordar, además de sanciones administrativas a las empresas infractoras, indemnizaciones para los consumidores por daños y perjuicios.

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha presentado este jueves en una rueda de prensa en Bilbao las principales novedades de este anteproyecto, junto a la directora del Instituto Vasco de Consumo Kontsumobide, Olga Santamaría, y la asesora de asuntos jurídicos del departamento Asunta de la Herrán.

El anteproyecto elaborado por el Ejecutivo vasco, que iniciará a partir de ahora una tramitación "ardua y larga" porque "requiere muchísimo consenso", sustituirá a la actual normativa vasca sobre consulta, aprobada hace quince años, para adaptarse a los "cambios sustanciales" que se han producido en las formas de consumo y pago en estos años, ha explicado la consejera.

Entre las novedades que se incorporan en el anteproyecto, se incluye la obligación de las empresas de servicios, como autopistas o parques temáticos, a ofrecer información, con carácter previo a la contratación, sobre incidencias por obras, gran afluencia de personas o condiciones meteorológicas. Asimismo, se establece la autorización al personal de la Inspección de Consumo para no identificarse cuando pueda "frustrarse la finalidad de su actuación".

El anteproyecto prima los sistemas alternativos de resolución de conflictos de consumo y en el caso de ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual marcará como opción prioritaria la mediación entre la entidad financiera y sus clientes. Además, en servicios de interés general como el agua, la electricidad, el gas o el teléfono se obligará a ofrecer un plazo de subsanación antes de interrumpir la prestación.

(Habrá ampliación)

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