La resolución sale adelante debido a la ausencia del lehendakari y de Oyarzábal en la votación
VITORIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento vasco, con el apoyo de todos los partidos salvo el PSE-EE y el PP, ha instado al Gobierno autonómico a revocar su decisión de reducir en un siete por ciento la Prestación Complementaria de Vivienda (PCT) y a mantener el montante máximo de esta ayuda en los 250 euros mensuales a los que ascendía antes del citado recorte.
Este emplazamiento al Ejecutivo se ha aprobado en el pleno de la Cámara de este jueves y ha sido posible por la ausencia del lehendakari Patxi López -que se encuentra de viaje oficial- y del parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal, que no se encontraba en el salón de plenos en el momento de la votación.
De esa forma, los 37 votos apoyos de PNV, Aralar, EA, Ezker Anitza-IU y UPyD han permitido sacar adelante la enmienda de Aralar en la que se contempla esta petición, que ha recibido el voto en contra del PSE y el PP. Estas formaciones suman 38 escaños en la Cámara, aunque las mencionadas ausencias han impedido que echaran atrás la enmienda, al sumar sólo 36 votos en contra en el momento de la votación.
La semana pasada se produjo una situación similar, cuando la ausencia de López y de otro parlamentario del PSE permitió que la Cámara aprobara una iniciativa en contra de los recortes aplicados por el Gobierno vasco para los empleados públicos.
Esta propuesta de Aralar era una enmienda a una iniciativa original del PSE. Finalmente, tanto la propuesta del PSE como la aportación de Aralar y otra enmienda de Ezker Anitza han sido aprobadas.
GOBIERNO CENTRAL
La proposición de los socialistas ha recibido el apoyo de todos los grupos salvo el del PP, que ha votado en contra. El texto insta al Gobierno central a revocar su decisión de limitar la Renta Básica de Emancipación y a adoptar medidas para "consolidarla y ampliarla".
El gabinete de Mariano Rajoy decidió a finales del pasado año limitar la Renta Básica de Emancipación para quienes ya la perciben y eliminarla para nuevos solicitantes. Esta ayuda, de 210 euros mensuales, está destinada a los jóvenes de entre 22 y 30 años que viven de alquiler.
La iniciativa del PSE recordaba que en el tiempo transcurrido desde la entrada el vigor de esta ayuda, en 2007, casi 300.000 jóvenes la han percibido en toda España, de los cuales alrededor de 16.000 son ciudadanos vascos.
El texto aprobado por la Cámara vasca insta al Consejo de Ministros del Gobierno de España a "revocar" su decisión del 30 de diciembre de 2011 y "mantener por tanto la Renta Básica de Emancipación en los parámetros" anteriores a aquella medida.
Además, urge al Gobierno central a "tomar las medidas oportunas para la consolidación y ampliación de la RBE, así como a proponer la partida presupuestaria suficiente para garantizar un mayor alcance" de esta prestación. Por otra parte, se propone al Ejecutivo central que renueve el convenio que tiene suscrito con el Gobierno vasco para la gestión de esta ayuda.
"CONSOLIDACIÓN"
La Cámara también ha aprobado una enmienda de Ezker Anitza con el apoyo de esta formación, el PNV, Aralar, EA y UPyD, así como con el rechazo del PSE y el PP, que, por los mismos motivos que en la propuesta de Aralar, no han sumado los suficientes apoyos para rechazar esta enmienda.
En este caso, se insta al Gobierno autonómico a que, de forma transitoria hasta una eventual "renovación" de la Renta de Emancipación por parte del Gobierno central, "consolide y amplíe de sus propios presupuestos la partida suficiente para garantizar un mayor alcance" de la citada prestación.
La enmienda de Aralar insta al Gobierno vasco a "revocar" la decisión por la que redujo la Prestación Complementaria de Vivienda en un siete por ciento y a mantener esta ayuda en los parámetros anteriores a aquella medida, incluida en una disposición adicional que acompaña a los Presupuestos de 2012.
A diferencia de la ayuda del Gobierno central para la emancipación, esta prestación del Gobierno autonómico no tiene límite de edad y está reservada para las personas con bajos recursos. Antes de la reducción aplicada por el Ejecutivo, ascendía a 250 euros.
