PNV y el Gobierno vasco se reunirán esta semana para tratar de llegar a un consenso sobre el Plan de Convivencia

BILBAO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV y representantes del Gobierno vasco se reunirán esta semana para tratar de llegar a un consenso en torno al Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación del Terrorismo del Ejecutivo de Patxi López. En el encuentro se hablará del texto que el pasado viernes remitió el Ejecutivo a la formación jeltzale en el que se suprimen las referencias al "Estado Constitucional".

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que ésta será la segunda reunión que mantienen ambas partes sobre esta cuestión, aunque la primera después de que el Gabinete de Patxi López le trasladara el nuevo documento al PNV.

El encuentro se celebrará en breve, aunque, previsiblemente, no será el último que se desarrolle para llegar a un acuerdo, ya que el PNV presentará "unas contrapropuestas" al nuevo documento, que tendrán que ser evaluadas por el Ejecutivo.

El texto del Gobierno incluye partes de Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del anterior Ejecutivo, con las nuevas propuestas que planteó el Gabinete de López, aunque con algunas reformas para posibilitar el acuerdo. Entre ellas, se han eliminado las alusiones al Estado Constitucional.

El PNV considera que el texto "ha mejorado", pero propondrá nuevas modificaciones, al considerar que no es suficiente para suscribirlo, y espera que sus planteamientos se recojan, finalmente, en el documento.

BÚSQUEDA DEL ACUERDO

Cuando el Gobierno vasco presentó el Plan de Convivencia, al que denominó también de "reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos" del anterior Ejecutivo, la formación jeltzale pidió su devolución. El Gobierno de López, por su parte, amplió el plazo de alegaciones y se retrasó la aprobación del Plan en Consejo de Gobierno para dejar abierta la posibilidad al acuerdo con el PNV.

Los jeltzales, entonces, pusieron tres condiciones para poder llegar a un acuerdo, la primera que se elaborara un nuevo documento "refundido" en el que quedara claro que el texto no sustituía en su integridad al Plan de Educación para la Paz, y se especificaran qué partes se modificaban y cuáles no.

Además, exigió que se eliminaran las referencias a la defensa del Estado constitucional y que las medidas propuestas se consensuaran con la comunidad educativa.