PNV pide en el Senado que el Gobierno reconozca la "responsabilidad directa" del Estado en los crímenes del 3 de marzo

VITORIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PNV en el Senado ha registrado una moción en la que reclama al Gobierno español que reconozca la "responsabilidad directa" del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, jornada en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

La moción, que se ha registrado este miércoles y se debatirá en el pleno de la próxima semana, condena esta masacre, en la que además de la muerte de cinco personas, hubo cientos de heridos debido a la intervención de la Policía Armada.

Además, a través de esta iniciativa, el PNV reclamará la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y que se desclasifique toda la documentación sobre lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa, según ha informado el partido 'jeltzale' en un comunicado.

El PNV ha defendido la necesidad de adoptar estas medidas con el fin de "conocer la verdad como deber de memoria democrática, dignificación y resarcimiento a las víctimas".

La moción la presentará la portavoz abertzale en la Cámara alta, Estefanía Beltrán de Heredia, que en la iniciativa registrada este miércoles recuerda que, si bien se han dado pasos en el reconocimiento a las víctimas y con la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís, declarado por el Gobierno como lugar de Memoria Democrática, "no ha habido un reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado en los hechos".

"FALTA CONOCER LA VERDAD"

Además, ha manifestado que "falta conocer toda la verdad sobre lo sucedido", dado que la información "se mantiene oculta bajo la llave de la Ley de Secretos Oficiales".

La senadora ha subrayado que "sin verdad no hay justicia ni reparación", y en referencia a la desclasificación de los documentos relacionados con el golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, ha puesto de manifiesto "la disparidad del criterio del Gobierno central". "Misma ley, distinta aplicación", ha criticado.