E-Podemos exige a Diputación de Gipuzkoa medidas específicas frente a la violencia digital contra las mujeres y niñas

SAN SEBASTIÁN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos ha reclamado a la Diputación Foral de Gipuzkoa que ponga en marcha medidas específicas frente a la violencia digital de género que sufren las mujeres y niñas. Así se recoge en una propuesta de resolución registrada en las Juntas Generales para que se refuerce la lucha contra este tipo de violencia por ser "una de las formas más invisibilizadas de violencia contra las mujeres".

La iniciativa consta de once puntos y, entre las diferentes medidas, pide a la Diputación que solicite a las empresas tecnológicas con las que trabaja que garanticen la seguridad de sus plataformas, eliminen contenidos nocivos, hagan cumplir códigos de conducta y publiquen informes transparentes anualizados sobre la incidencia de la violencia de género digital.

Asimismo, reclama al Gobierno foral que se sume al Pacto Digital Global y a la Convención contra la Ciberdelincuencia, que "crea un marco vinculante que respalda la penalización de la violencia digital", y, dentro de sus competencias, promueva toda legislación que aborde la violencia de género digital, que ponga los recursos legales y mecanismos de denuncia accesibles, e impulse mecanismos adicionales para el acceso a la justicia y los servicios de apoyo.

La juntera de Elkarrekin Podemos Mariví Eizaguirre ha alertado de que los ciberdelitos son los que más crecen en el Estado, seguido de los delitos contra la libertad sexual. En este sentido, ha remarcado que la ONU ha advertido de que la violencia digital contra las mujeres y niñas "es una de las formas de violencia que están aumentando con mayor rapidez, reproduciéndose los mismos mecanismos de control, acoso y agresión que en el mundo físico".

"La ciberviolencia de género incluye desde la difusión no consentida de imágenes hasta el acoso sexual y el discurso de odio. El espacio digital, que debería ser un lugar de libertad y participación, se está conviertiendo para muchas mujeres en un campo de hostigamiento y disciplinamiento político que busca expulsarlas del debate público", ha denunciado.

MARCO REGULATIVO

Ante esta situación, la iniciativa reclama a la Diputación de Gipuzkoa que, junto con el Gobierno vasco, cree el marco regulativo que exija a las empresas tecnológicas del territorio una regulación que "refuerce la responsabilidad de las mismas contra la violencia de género digital en todas sus formas mediante políticas de moderación de contenidos, códigos de conducta y respuestas a las víctimas en consonancia con las normas de derechos humanos".

En esta línea, también insta al Gobierno foral a invertir y desarrollar soluciones y herramientas de digitalización "innovadoras" con el objetivo de proteger a las mujeres frente a las violencias de género, y especialmente las digitales, para "impulsar cambios sociales que transformen la sociedad y las masculinidades que contrarresten la llamada 'manosfera' y sus consecuencias para las mujeres".

Asimismo, Elkarrekin Podemos pide que se promuevan campañas de sensibilización y formación en colaboración con los ayuntamientos del territorio, fomentando el uso "seguro y respetuoso" de los entornos digitales, así como se impulsen programas formativos para el personal técnico municipal y educativo, con el fin de dotarles de herramientas para identificar y prevenir la violencia digital de género.

En términos generales, la propuesta reclama que las Juntas Generales manifiesten su "rechazo a todas las formas de violencias machistas, a los discursos de odio y negacionismo que buscan hacer retroceder los derechos feministas conquistados, reafirmando el compromiso con la igualdad real y la libertad de las mujeres".

Igualmente, solicita a la Diputación de Gipuzkoa y al Parlamento Vasco seguir impulsando la aplicación "efectiva y en su totalidad", dotándola de presupuesto, de la Ley vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, asegurando la atención integral a las víctimas, la formación del personal público y la coordinación entre todos los servicios de atención.