Pradales afirma que la sede de Ayesa "debe continuar" en San Sebastián y que así se ha acordado con los accionistas

VITORIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que la sede de Ayesa digital "debe continuar" en Donostia-San Sebastián, y que el Gobierno Vasco "así lo ha acordado" con el resto de accionistas que participan en la operación para su compra.

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre el futuro de la división digital de Ayesa, cuya compra trata de cerrar un consorcio vasco integrado por Indar Kartera (Kutxabank), Fundación BBK, Gobierno Vasco y Teknei.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado que es "difícil de entender" que entre los socios del Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) existan importantes "desavenencias" respecto a la operación para la división digital de Ayesa.

Otxandiano ha destacado que esta es una operación "de envergadura", en la que el Gobierno Vasco participará con 40 millones de euros, por lo que ha echado en falta el "liderazgo" del lehendakari para aportar "certezas" en torno a la "viabilidad" de este proyecto estratégico.

Pradales ha afirmado, en referencia a la operación para la adquisición de Ayesa, que Euskadi "necesita empresas campeonas para dar respuestas adecuadas a los retos del futuro".

En este sentido, ha indicado que "gracias a la operación de Ayesa, nuestro país gana un nuevo campeón tecnológico digital y atrae a casa un proyecto vasco". En todo caso, ha apelado a la "prudencia", dado que la operación para adquirir esta compañía "todavía no ha terminado".

Pradales ha mostrado su esperanza de que la compra "se haga realidad en las próximas semanas". Además, respecto al debate sobre si la sede de Ayesa digital debe seguir en Donostia-San Sebastián o situarse en Bizkaia, ha destacado que "Ayesa Euskadi nació y se desarrolló en San Sebastián y, por tanto, como Gobierno creemos que su sede debe continuar en Donostia".

Esto --según ha dicho-- es algo que el Ejecutivo autonómico ya ha acordado "con todos los accionistas" que participan en la operación para la compra de la empresa.