PSE pide a las Juntas de Gipuzkoa que insten al Gobierno de Rajoy a mantener la actual Ley del Aborto

Actualizado: viernes, 27 julio 2012 20:02

SAN SEBASTIÁN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE ha pedido a las Juntas Generales de Gipuzkoa que insten al Gobierno de Mariano Rajoy a mantener la actual Ley del Aborto, a través de una propuesta de resolución que ha registrado en la Cámara foral.

En un comunicado, la portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social, Susana García Chueca, ha considerado que las propuestas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han creado "un gran malestar en la opinión pública, entre las mujeres, en muchos profesionales del ámbito sanitario y en las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres".

Entre otros motivos, ha explicado que "suponen una vulneración de los derechos de las mujeres, sitúa a nuestro país al mismo n nivel que los países europeos con normativa en relación con la interrupción voluntaria del embarazo más retrógrada y condena a los menores afectados y a sus familias a una existencia que estará generalmente marcada por la escasa calidad de vida, la enfermedad y la dependencia, en un contexto de reducción de las ayudas públicas sin precedentes".

De este modo, ha remarcado que los socialistas guipuzcoanos no quieren "más trampas, ni retrocesos en los derechos de las personas más débiles como son las mujeres", por lo que han registrado ante la Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa una Propuesta de Resolución que consta de tres puntos.

En el primero, las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su apoyo a los derechos reconocidos en la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El segundo, el Parlamento foral guipuzcoano insta al Gobierno del Estado a "no modificar la Ley citada para restringir, acotar o impedir los derechos allí reconocidos".

En el tercero y último punto, las Juntas de Gipuzkoa instan a la Fiscalía General del Estado a "actuar frente a las decisiones de los gobiernos autonómicos que impidan o dificulten el ejercicio de los derechos legalmente reconocidos en dicha Ley".