La reforma de Etxebide plantea reservar el 30% de viviendas a rentas medias con ingresos entre 20.000 y 46.000 euros

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva norma reguladora del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, con la que se reformará Etxebide, prevé reservar el 30% de las viviendas a rentas medias y trabajadoras con ingresos entre 20.000 y 46.000 euros para dar repuesta también a quienes "sin ser vulnerables, no pueden acceder al mercado libre". Los cambios también buscan consolidar un nuevo modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales para jóvenes menores de 36 años y personas mayores autónomas y, por otra parte, se prevé dar "mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción".

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco ha iniciado este jueves la tramitación de esta nueva norma que reformará el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, Etxebide, así como los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida pública en alquiler y apartamentos dotacionales.

La iniciativa se encuentra desde este jueves en fase de consulta previa a la ciudadanía, un trámite que permite recabar aportaciones antes de la redacción del texto normativo. Esa consulta previa estará abierta durante quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio, prevista este viernes.

En una comparecencia en Bilbao, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha explicado los detalles de esta reforma, que busca actualizar los instrumentos de inscripción, baremación y adjudicación para responder mejor a la realidad actual de Euskadi, que es "una sociedad en la que conviven situaciones de vulnerabilidad severa con una creciente dificultad de acceso a la vivienda por parte de rentas medias, jóvenes, familias trabajadoras y unidades convivenciales con necesidades cambiantes".

Itxaso ha subrayado que el problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente "desde una lógica de vulnerabilidad extrema, aunque esa siga siendo una prioridad irrenunciable de la acción pública".

En este sentido, ha señalado que la dificultad de acceso a una vivienda digna afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que tienen ingresos, empleo y proyecto de vida, pero que "se encuentran bloqueadas por un mercado que ha dejado fuera a demasiada gente".

Ello, según su Departamento, exige adaptar las reglas de adjudicación de la vivienda protegida para que el sistema mantenga su función social prioritaria, pero sea también "capaz de dar respuesta a nuevas formas de necesidad residencial".

"Cuando un sistema público no reconoce toda la complejidad de la demanda, corre el riesgo de llegar tarde o de llegar solo a una parte del problema. Y nuestra responsabilidad es adaptar las herramientas públicas a la realidad de la sociedad vasca de hoy", ha agregado.

NUEVA NORMA

Itxaso ha precisado que la nueva norma no plantea sustituir la protección de las personas y familias con menores ingresos, sino ampliar la capacidad de respuesta del sistema.

Para ello, el futuro decreto prevé modificar el sistema de cupos y criterios de baremación, con el fin de "equilibrar mejor vulnerabilidad, permanencia en el registro, arraigo, proyecto vital y adecuación de la vivienda a las necesidades reales de cada unidad convivencial".

"El decreto no va de enfrentar necesidades, sino de ordenar mejor las respuestas. Vamos a seguir protegiendo a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, pero también abrir camino a quienes, sin ser vulnerables en sentido estricto, no pueden acceder al mercado libre ni construir un proyecto de vida autónomo. La vivienda protegida debe ser una palanca de cohesión social, no un recurso residual para cuando todo lo demás ha fallado", ha afirmado.

EL 30% DE VIVIENDAS PARA CLASES MEDIAS

Entre las principales medidas previstas destaca la creación de un subcupo que reserve el 30% de las viviendas de cada promoción a unidades convivenciales con ingresos anuales comprendidos, con carácter general, entre 20.000 y 46.000 euros.

Esta medida, según ha explicado, busca facilitar el acceso a la vivienda protegida de rentas medias y trabajadoras que, aun teniendo ingresos regulares, quedan frecuentemente desplazadas en el sistema actual y no pueden acceder al mercado libre "en condiciones razonables".

Itxaso ha puesto en valor la creación de este subcupo al considerar que "introduce realismo y justicia en el sistema" porque hay "muchas personas que cumplen con sus obligaciones, tienen nóminas, pagan impuestos y, aun así, no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables".

"Si la política pública no ofrece una respuesta también a esa parte de la sociedad, estaremos dejando crecer una fractura que afecta a la confianza en las instituciones y a la igualdad de oportunidades", ha advertido.

Por otra parte, el decreto también permitirá desarrollar y consolidar un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales. Este modelo combinará apartamentos destinados a jóvenes menores de 36 años, vinculados a itinerarios de emancipación, con alojamientos para personas mayores autónomas que necesitan soluciones accesibles, adecuadas y acompañadas.

En el caso de los jóvenes, se prevé exigir unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional y unos ingresos máximos de 46.000 euros, de forma que la estancia temporal cumpla su función, el de facilitar la emancipación, permitir la generación de ahorro y favorecer una posterior transición hacia otra solución habitacional.

A juicio de Itxaso, el impulso de alojamientos intergeneracionales es "una respuesta inteligente a necesidades distintas que pueden complementarse". Según ha manifestado la emancipación juvenil y el envejecimiento autónomo son dos grandes desafíos de país y vincularlos a través de soluciones habitacionales "adecuadas, temporales, accesibles y acompañadas" permite innovar en política pública y construir comunidades "más mixtas, más solidarias y más vivas".

En relación con las personas mayores, la nueva norma plantea rebajar de 70 a 65 años la edad mínima para acceder a determinados apartamentos dotacionales intergeneracionales. Además, cuando la persona disponga de vivienda en propiedad, el acceso podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, contribuyendo así a incrementar la oferta de alquiler protegido y a movilizar vivienda hacia una función social.

Otra de las novedades previstas es la recuperación de un mecanismo que permita adjudicar vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares. En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior.

La nueva norma también abordará mejoras en el funcionamiento del registro Etxebide. En concreto, se prevé dar mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción, de manera que la permanencia en el registro siga generando valoración más allá de los límites actualmente existentes.

Asimismo, se plantea evitar que el cambio de preferencia entre las modalidades de alquiler y compra suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados por antigüedad, siempre que la persona o unidad convivencial mantenga la nueva modalidad durante un mínimo de tres años.

Itxaso, que ha indicado que se necesitaba una herramienta nueva, más afinada, más ágil y más justa", cree que esta actualización normativa es necesaria para "mejorar la eficacia, la equidad y la legitimidad social del sistema de adjudicación". "Etxebide debe seguir siendo una herramienta de garantía pública, pero también un instrumento más sensible, flexible y ajustado a la demanda de vivienda en Euskadi", ha añadido.