BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Audiencia Provincial de Álava Edmundo Rodríguez Achútegi cree que no existen instrumentos "eficaces" para poder blindar a los parados de los desahucios de su vivienda habitual y que, para lograrlo, sería necesario reformar las leyes.
En una entrevista concedida a la revista 'Actualidad Jurídica Aranzadi', Rodríguez Achutegui ha afirmado que, ante una Ley tan rígida como la hipotecaria en el Estado español, el juez puede actuar como "se ha hecho" ahora, "es decir, "cuestionar su constitucionalidad, su acomodamiento a la legislación europea y a la realidad social".
En este sentido, ha apuntado que él sería "radical" a la hora de realizar cambios en la legislación hipotecaria y suprimiría el procedimiento especial para que la ejecución hipotecaria sea ordinaria, con el objetivo de que "no estuvieran restringidos los medios de defensa".
Si esto no fuera posible, considera que habría que "ampliar las causas de oposición, permitir que se pudieran declarar nulas cláusulas abusivas y, sobre todo, disponer como obligatoria la asistencia de abogado para el deudor hipotecario o hipotecante no deudor, de modo que los turnos de oficio pudieran asegurarle alguna defensa".
DESEMPLEADOS
Asimismo, ha abogado por reclamar una moratoria para los deudores hipotecarios que estuvieran en desempleo "si el préstamo sirvió para adquirir una vivienda familiar que efectivamente ocupa, a cambio del compromiso de abonar los gastos de comunidad, fiscales y de aseguramiento, hasta que pudieran volver a trabajar".
Según ha apuntado, ello "impediría al acreedor con garantía hipotecaria presentar la demanda a cambio de mantener el valor de su garantía".
"Si a eso se uniera la posibilidad de admitir, en ciertos casos, la liberación de la obligación mediante dación en pago, la regulación del sobreendeudamiento o el cambio de la Ley Concursal para tratar a las personas físicas igual que a las jurídicas, tendríamos un ordenamiento jurídico más equitativo", ha destacado.
El magistrado cree que existe un sistema jurídico "que es muy riguroso con unos y muchos menos con otros". En su opinión, "la crisis ha supuesto un incremento de litigios inasumible para los jueces y evidencia el diferente trato que las leyes dan a unos y a otros".
