Sindicatos nacionalistas consideran un "escándalo" que se subvencionen contratos "precarios" con 63 millones de euros

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

ELA, LAB, ESK, STEE EILAS, EHNE e HIRU mostraron hoy su rechazo al acuerdo, adoptado dentro de la mesa de diálogo social, mediante el cual el Gobierno vasco destinará 63 millones de euros para ayudar a las empresas que contraten personas que reciben la renta de garantía de ingresos o que están en paro y no reciben prestación contributiva, ya que consideran un "escándalo" que se subvenciones contratos "precarios" con 63 millones de euros.

En rueda de prensa, representantes de los sindicatos mencionados aseguraron que "la patronal busca y encuentra financiación pública en el diálogo social".

En este sentido, el responsable de Política Social de ELA, Mikel Noval, explicó que la semana pasada se produjo un acuerdo en el denominado "diálogo social", según el cual el Gobierno vasco va a subvencionar la contratación de personas que reciben la renta de garantía de ingresos o que están en paro y no reciben prestación contributiva.

Noval señaló que, de momento, "sólo" se han dado a conocer algunos aspectos del acuerdo, según los cuales la subvención a cobrar por las empresas ascenderá a 1.500 euros al mes, durante un máximo de seis meses por contrato.

"Es un escándalo que el Gobierno vasco destine a las empresas 1.500 euros al mes para contratar personal. De esta forma, la contratación de estas personas les va a salir prácticamente gratis a muchas empresas, sin que tengan que realizar ningún esfuerzo", criticó.

Además, censuró que se subvencionan puestos de trabajo temporales, "sin ningún futuro de estabilidad", y se hace con "grandes" cantidades de dinero público, por lo que "no" se persigue la continuidad en el trabajo de las personas así contratadas.

En esta línea, aseguró que el Gobierno vasco hace una "apuesta" por la temporalidad, ya que la duración "máxima real" de los contratos será de 6 meses y denunció que está impulsando, al introducir incentivos, a la "contratación temporal ilegal".

Además, señaló que, en relación con el tipo de puestos de trabajo, "la reflexión que habría que hacer es que si nos encontramos ante empleos necesarios, estos deberían tener una cobertura permanente".

ALTERNATIVAS

En este sentido, solicitó la "no puesta en marcha" de dicho plan y la aplicación de alternativas encaminadas al aumento de la protección social y a una mejora de los servicios públicos y aumento del empleo en los mismos. "Es necesario un cambio de rumbo de la política social. Es a estas políticas a las que hay que destinar los 63 millones de euros y muchos más", agregó.

En concreto, desde ELA, LAB, ESK, STEE EILAS, EHNE e HIRU exigieron más gasto social para que ninguna persona esté "sin protección por desempleo" y un salario social por encima del umbral de la pobreza.

Además, pidieron mejoras en los servicios públicos, como la Sanidad, educación y servicios sociales, y un aumento del empleo en los mismos.