SAN SEBASTIAN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El servicio de participación ciudadana contra el fraude puesto en marcha por la Hacienda foral de Gipuzkoa el pasado mes de octubre ha recibido en total 90 solicitudes de información y 81 denuncias, 47 a través de su página web, 30 por el teléfono antifraude, una por e-mail y tres de manera presencial. De ellas, tres ya se han archivado y 78 están pendientes de resolución, según indicó hoy el diputado foral de Hacienda del territorio histórico, Peio González.
González compareció hoy, a petición del grupo del PP en Juntas Generales de Gipuzkoa, en la Comisión de Hacienda de esta Cámara para informar sobre el procedimiento interno de funcionamiento del teléfono antifraude puesto en marcha por la Hacienda foral para recibir denuncias ciudadanas de posibles fraudes fiscales para cuya regulación fue aprobado ayer, en Consejo de Diputados de la Diputación, el Decreto foral 883 que regula el tratamiento de las denuncias recibidas.
El diputado foral realizó una valoración "muy positiva" del nuevo servicio de participación ciudadana contra el fraude fiscal que atiende a la idea de "sensibilizar y disuadir" a los mismos, una "herramienta más" que está logrando "resultados". Durante este primer mes en funcionamiento, se han recibido un total de "90 solicitudes de información por teléfono y 81 denuncias" ciudadanas, frente a las 71 recibidas el pasado año. De ellas, 47 se han presentado a través de la web de la Hacienda, 30 por teléfono, una por e-mail y tres de manera presencial.
De todas ellas, "tres ya se han archivado y 78 están pendientes de resolución", puntualizó, para añadir que "la mayoría" de las denuncias presentadas tiene "un contenido real detrás" y principalmente hacen referencia a "temas de alquileres, de no aportación de factura a algún servicio realizado y también a cuestiones de profesionales en el sentido de incoherencias entre su nivel de vida y la realidad de los números que pueden presentar".
Además, destacó que los guipuzcoanos están utilizando con "una seriedad y madurez importante" este sistema y se felicitó de que "disuadidos" por esta herramienta contribuyentes han regularizado ya cuestiones personales o empresariales por valor de unos tres millones de euros.
En cuanto al protocolo de actuación para el caso de denuncias de fraude fiscal, explicó que primero se introducen los datos básicos (identificación voluntaria del denunciante, del causante de la presunta denuncia; contenido de ésta y pruebas); a continuación se procede al envío de pruebas, en formato digital a través de la web o el correo electrónico o de manera presencial.
El denunciante recibe un número aleatorio que le permitirá consultar la situación del expediente: recibida (pendiente de decisión); archivada (si no hay pruebas suficientes o no tiene repercusiones tributarias); o terminada (si es objeto de investigación).
González recordó que el artículo 110 de la Norma foral 2/2005 General Tributaria ya regulaba la denuncia pública, y ahora, el Decreto foral 883 aprobado ayer establece que todas las denuncias recibidas serán trasladadas a la Subdirección General de Inspección para su tramitación e incorporación al programa informático del departamento de Hacienda para la persecución del fraude Ikus.
"ANTICONSTITUCIONAL"
Desde el grupo juntero del PP, su portavoz, Regina Otaola, censuró este nuevo servicio ya que, a su juicio, "no es legal" recibir denuncias anónimas, algo que consideró puede llegar a ser "anticonstitucional".
Por su parte, la portavoz del grupo juntero de Aralar, Rebeka Ubera, consideró que la lucha contra el fraude debería llevarla a cabo exclusivamente el departamento foral de Hacienda ya que las denuncias ciudadanas "abren una puerta peligrosa" puesto que "pueden crear situaciones complicadas".
Desde Alternatiba, su juntero Ander Rodríguez se cuestionó qué ocurriría en caso de que el denunciante presente facturas falsas buscando el perjuicio del denunciado, y preguntó a González cómo esta persona podría "defenderse ante una temeraria denuncia".
El juntero de Hamaikabat Josean Rekondo acusó a los grupos junteros que critican el teléfono antifraude y la participación ciudadana en esta materia de hacer "surf en una ola mediática de la cual esperan consecuencias electorales favorables" y tachó de "incomprensible" que la Hacienda foral deje de investigar un presunto fraude por el hecho de que su denunciante sea anónimo.
Desde el PNV su portavoz en las Juntas, Itziar Agirre, valoró positivamente que la ciudadanía participe en la lucha contra el fraude como medida complementaria a los sistemas de control de las instituciones que deben estar, en todo caso, "bien regulados". Por su parte el juntero socialista Mikel Aguirrezabalaga echó en falta una "reglamentación más detallada" del sistema de participación ciudadana contra el fraude y consideró "incorrecto" haber puesto en servicio este sistema "sin una regulación concreta".