Un total de 26 empresas tienen hasta el día 14 para pagar a Hacienda vizcaína los 88,2 millones de vacaciones fiscales

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 empresas tienen hasta el próximo lunes, 14 de noviembre, de plazo para pagar de forma cautelar a la Hacienda vizcaína los 88,2 millones de euros de las vacaciones fiscales y sus intereses de demora. La Diputación ha adoptado esta medida para detener el cómputo de la sanción a tanto alzado y que no se empiece a computar la multa coercitiva hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE.

El diputado Foral de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha explicado en comisión para explicar la recuperación de las denominadas ayudas de Estado.

Según ha precisado, su Departamento ha dictado 26 resoluciones en las que pide a otras tantas empresas que abonen a Hacienda, de forma cautelar, un importe total de principal de 59,4 millones de euros y unos intereses de la recuperación de 28,8 millones. Tras habérselo notificado a las empresas afectadas y pese a que disponen de plazo para el pago voluntario de esas cantidades hasta el 14 de noviembre, el 50 por ciento de esa cantidad ya ha sido abonada.

Además, se ha informado a la Comisión Europea de ello y se dará traslado también al Tribunal de Justicia de la UE para que, en lo referido a Bizkaia, detenga el cómputo de la sanción a tanto alzado el 14 de octubre, fecha en la que se notificaron las liquidaciones, y no se empiece a computar la multa coercitiva, al haber ejecutado la decisión de la CE cautelarmente y conforme a los criterios de la Comisión.

SIN CAMBIO DE CRITERIO

Iruarrizaga ha precisado que la institución foral "no ha cambiado en ningún momento de criterio" sobre la devolución de estos incentivos, sino que ha adoptado "las decisiones pragmáticas más prudentes para salvaguardar los intereses de todos los vizcaínos y de todas las empresas afectadas por la demanda de la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Con esta medida, según ha insistido, "se para el cómputo de la multa, se para el cómputo de la recuperación para las empresas y si, al final, el Tribunal Europeo de Justicia confirma lo que defiende la Diputación y el Gobierno de España, se devolverá a las empresas el importe de las cantidades que han tenido que ingresar ahora".

En su comparecencia, el diputado ha explicado los antecedentes del proceso judicial, que se remontan a la decisión de la Comisión Europea de declarar incompatibles con la normativa europea los incentivos fiscales establecidos en 1996 y 1997 por las tres Diputaciones Forales.

Iruarrizaga ha recordado que el ente foral vizcaíno recuperó completamente la cuantía de esos incentivos en 2007, un total de 96,3 millones de euros en concepto de principal y otros 38,5 millones en concepto de intereses, cantidades que abonaron 21 empresas de las 43 que se acogieron a los incentivos. Las otras 22 habían aplicado las vacaciones fiscales dentro de los límites admitidos por el Derecho de la UE.

Con esa recuperación, el ente foral dio por ejecutadas las decisiones de la CE, informó a esta última de ello y le remitió unos 200.000 folios de documentación en los que daba cuenta del proceso realizado. Durante los cuatro años de procedimiento, además, la Diputación vizcaína ha enviado 22 comunicaciones a la CE para responder a las cuestiones que le ha planteado sobre este tema, aportar la información requerida y otros datos que la institución foral consideraba relevantes sobre cómo se había completado la recuperación de los incentivos.

Asimismo, se ofreció a acudir a todas las reuniones técnicas que la CE considerara preciso para analizar y verificar la devolución. "La respuesta de la Comisión a todos esos ofrecimientos ha sido el silencio", ha indicado el diputado de Hacienda y Finanzas.

REPAROS DE LA CE

Sin embargo, el 19 de abril de este año, la CE presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE en la que dice que la devolución no se ha ejecutado del todo y pide sanciones por ello. "La Comisión ha planteado, en algunos casos por primera vez, reparos a algunos criterios empleados por la Diputación Foral de Bizkaia en el proceso de recuperación", ha señalado Iruarrizaga, quien también ha explicado que la CE no ha hecho saber en estos cuatro años que no compartía los principios aplicados por el ente foral.

Esa demanda, en el caso de Bizkaia, acepta que la recuperación de los incentivos en 2007 fue correcta en todos sus extremos menos en dos. Respecto a las minivacaciones fiscales, cuestiona la aplicación que ha hecho la Diputación de la regla de "minimis", discrepancia que afecta a 11 empresas de Bizkaia a las que, según este criterio, les restaría devolver 1,8 millones de euros de principal. Sobre el crédito fiscal del 45 por ciento, entiende que en el caso de 15 empresas no cumple con las directrices comunitarias, por lo que deberían abonar 57,6 millones de euros de principal.

Así, reclama una multa a tanto alzado resultante de multiplicar 25.817,40 euros por cada día que pase entre el 14 de diciembre de 2006 y la fecha de la nueva sentencia del Tribunal de Justicia o hasta la fecha anterior en la que se acredite el pleno cumplimiento de las decisiones de la CE, siguiendo el criterio de este último órgano. También pide que se imponga una multa coercitiva de 236.044,80 euros por cada día que pase entre la nueva sentencia y el momento en que se hayan recuperado todas las cantidades que ella establezca.

Iruarrizaga ha precisado que sólo habrá que pagar las sanciones si el tribunal da la razón a la CE y no podrán abonarse antes de la decisión judicial. La institución foral entiende "imprescindible para la defensa de los intereses públicos" detener el cómputo de la multa y de los intereses de la recuperación que tienen que abonar las empresas. Por eso, ha decidido ejecutar, cautelarmente y de forma complementaria a lo que se hizo en 2007 ,las decisiones de la CE aplicando los criterios que defiende este órgano europeo.